ONG acusan al SOAPAP de concesionar el agua a empresas altamente contaminantes

Organizaciones no gubernamentales denunciaron la  mañana de ayer que Sistema Operador de Agua y Alcantarillado en el estado de Puebla (SOAPAP), ostenta la mayoría de las 564 concesiones del líquido, pero que el organismo las ha puesto al servicio de empresas comerciales altamente contaminantes, por lo cual exigieron que se le aplique de inmediato una auditoría.

Las organizaciones Agua para Todxs, Agua para la vida, y la Asamblea Social del Agua, (ASA), urgieron en un comunicado a las autoridades respectivas para realizar de inmediato una auditoría al Sistema Operador de Agua y Alcantarillado en el estado de Puebla, (SOAPAP), que es el organismo responsable de la supervisión y medidas de control y apremio, de la empresa Concesiones Integrales SA de CV.

Agregaron que hay mil 300 concesiones para explotación del líquido en Puebla y tan solo cuales en la capital “existen 564 concesiones, de las cuales, obviamente las que más preocupan son las de uso industrial y de uso agrícola por las afectaciones en términos de la contaminación con productos químicos y derivados del petróleo”.


Indicaron “que existen muchas concesiones otorgadas a SOAPAP pero en donde no se transparenta su destino, ya que este organismo otorga el uso que le concesionaron a otras empresas y no queda claro que sea para uso público solamente sino que también pudiera estar concesionando a industrias altamente contaminantes, comercializando el agua que es un derecho humano”.

El llamado a auditar al SOAPAP lo hicieron las organizaciones en el marco de la campaña nacional “para denunciar las concesiones más cuestionadas, depredadoras y devastadoras para el país”, que inició hoy.

Instaron a la población para que se incorpore en la campaña, revisando el comportamiento de las empresas e instancias que actualmente tienen las concesiones de grandes cantidades de agua en sus localidades, “desde sus oscuros procesos de otorgamiento, acceso y el uso que hacen de la misma”.

Asimismo, dieron a conocer las conclusiones del foro realizado a finales del mes de mayo sobre el Buen Gobierno del Agua en el país y en el estado de Puebla.

En un amplio comunicado, recordaron que desde la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se abrió el proceso de privatización del agua en el país, creando el Sistema Financiero del Agua y los Bancos de Agua distribuidos en las diferentes Cuencas Hidrológicas, durante estos 27 años.

Dijeron que 70 por ciento de las aguas la tiene 7 por ciento de los concesionarios, violando vedas, disponibilidades y los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, y sistemas de agua comunitarios.

Bajo el principio de “el agua es de quien la solicita primero”, se han otorgado a la fecha 537 mil 357 concesiones, en adición (se han entregado) 13 mil 578 concesiones para 2.3 millones de litros anuales “desde la firma de los decretos de Enrique Peña Nieto, en procesos nada transparentes ni fiables para la población, lo que ha sido ampliamente documentado por diferentes universidades e investigadores expertos en el tema estiman que en nuestro país además de regresar los latifundios con la reforma al artículo 27 de la constitución, se han establecido los hidrofundios”.

Para el caso del estado de Puebla, abundaron,  “se han otorgado más de mil 300 concesiones, de las cuales las que son más cuestionadas son aquellas orientadas para el uso industrial y que se encuentran ubicadas en la sierra norte del estado, que han sido otorgadas desde hace ya más de dos o tres años, que a la fecha no han sido implementadas pero que están proyectadas para construir hidroeléctricas y las llamadas minas sustentables, como es el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que afecta tres municipios: San Felipe Tepatlán, Tlapacoya y Ahuacatlán y fueron otorgadas a Walmart, Vips, Suburbia, Waldos e Ileana Jinich.