Representantes de la Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco, San Matías Cocoyotla en Defensa del Agua Cholulteca, la Red de Defensa de los Derechos Humanos y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), demandaron que el gobierno mexicano acate la recomendación emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y libere al luchador social náhuatl, Higinio Bustos Navarro.
El defensor de la tierra e integrante del FNLS fue acusado en 2008 de homicidio calificado sin haber sido siquiera mencionado en la carpeta de investigación abierta tras este delito, por lo cual las órdenes de aprehensión que se solicitaron en su contra fueron negadas por los jueces al no contar con elementos suficientes para su detención; sin embargo, según documentó el Comité Cerezo, el 21 de enero de 2011 la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR) logró que el juez Valentín Bolaños emitiera la orden de aprehensión contra Higinio a pesar de que su nombre no aparece en la averiguación, la cual se cuplimentó el 3 de mayo de 2021
En una rueda de medios ofrecida este lunes en un local del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, las organizaciones dieron a conocer un comunicado conjunto, en el que señalaron que el 30 de octubre pasado, la ONU emitió un documento en el que calificó la detención de Higinio Bustos como arbitraria, con violaciones a los derechos humanos y motivaciones políticas. Explicaron que el organismo multilateral instó al gobierno mexicano a liberar de inmediato al detenido, indemnizarlo y sancionar a los responsables de las irregularidades. No obstante, hasta la fecha, las autoridades no han dado una respuesta concreta.
Añadieron que la detención de Bustos Navarro careció de sustento legal desde el inicio. Fue aprehendido por más de 12 personas vestidas de civil, sin orden judicial, y trasladado directamente a un penal sin pasar por el Ministerio Público. Además, se le acusa de un delito presuntamente cometido en 2008, aunque en las primeras declaraciones del denunciante ni siquiera se menciona su nombre. Fue hasta 2021, tras varios años y declaraciones contradictorias, que se le vinculó al caso.
Actualmente, Bustos Navarro cumple una condena de 20 años en el penal Duport Ostión, en Coatzacoalcos, Veracruz, lejos de su comunidad de origen en Tantoyuca. Según las organizaciones, su traslado responde a una estrategia para aislarlo de su entorno social y familiar, violando los principios internacionales establecidos en las Reglas Nelson Mandela, que garantizan la cercanía geográfica de los presos a sus comunidades.
El FNLS recordó que desde 2021 han presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y amparos judiciales para impugnar la detención y el proceso penal, sin obtener resultados favorables. Señalaron que la negativa de las autoridades refleja una consigna política para mantener a Bustos Navarro en prisión, pues su activismo en defensa de los derechos humanos y la lucha por la presentación con vida de personas desaparecidas incomoda a las cúpulas de poder.
Las organizaciones hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que cumpla con los tratados internacionales firmados por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, exigieron que en la próxima reunión del 3 de diciembre se presenten avances significativos en el caso, incluyendo la liberación inmediata de Bustos Navarro.
Finalmente, destacaron la importancia de visibilizar este caso a nivel internacional como muestra de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que persisten en México. Según los representantes, la lucha por la liberación de Higinio Bustos no solo busca justicia para él, sino también para otros presos políticos que enfrentan situaciones similares en el país.