Un total de 16 organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de derechos humanos acusaron al gobierno estatal de Puebla de pretender criminalizar a los labriegos, ambientalistas y vecinos de la Cuenca Libres-Oriental que se han manifestado contra Granjas Caroll.
En un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al titular del Poder Ejecutivo poblano, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y a la opinión pública, las organizaciones denuncian a Justino Cerezo, coordinador de Comisionados de la Dirección General de Gobierno; Osvaldo de la Rosa, delegado regional de la Secretaría de Gobernación de Libres Oriental, y a Celso Leal, presidente de la Cuenca del Río Balsas, por ejercer acciones intimidatorias contra el movimiento que defiende el territorio de la región.
“Con enorme preocupación e indignación denunciamos la criminalización que el gobierno del estado de Puebla está ejerciendo hacia defensores y defensoras que habitan en comunidades de la cuenca Libres Oriental que se han venido manifestando contra la presencia de varias industrias en la región que acaparan el agua, generan daños a los cultivos, a la apicultura y graves afectaciones a la salud. El conflicto generado en las comunidades de Puebla y Veracruz de la cuenca Libres Oriental, ha sido causada por el propio Estado mexicano al incumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía otorgando de manera irresponsable y violatoria multitud de concesiones de agua, autorizaciones de cambio de uso de suelo y licencias de construcción a empresas privadas cuyo fin principal es la ganancia económica y cuya operación no es monitoreada ni sancionada. Esa es la única causa del conflicto en la Cuenca Libres-Oriental: las injustas decisiones de instituciones de los tres niveles de gobierno que han puesto el beneficio económico de empresas transnacionales por sobre nuestros derechos”, señalan.
Y añaden: “Nos indigna que Granjas Carroll, responsable de generar desabasto de agua y contaminación en dicha Cuenca lo que pone en riesgo la vida de la población, se haya atrevido a denunciar a varios defensores que han sido citados para comparecer en la Fiscalía de Oriental este miércoles 7 de agosto del agua y más aún, que funcionarios de gobierno de Puebla hayan amenazado a algunos de ellos con desaparecerlos y reactivar carpetas penales para que dejen de exigir su derecho al agua. Es por ello que denunciamos enérgicamente a los “servidores públicos” Justino Cerezo, coordinador de Comisionados de la Dirección General de Gobierno, a Osvaldo de la Rosa, delegado regional de la Secretaría de Gobernación de Libres Oriental, así como a Celso Leal, presidente de la Cuenca del Río Balsas quienes con sus acciones intentan intimidar a los defensores en defensa del agua; es inadmisible que se continúe criminalizando a defensores ahora por el gobierno de Puebla, después de la brutal represión que se llevó a cabo en Totalco en el que fueron asesinados dos compañeros cuyo único crimen fue luchar por la sobrevivencia de sus familias protestando contra la devastación que la transnacional Granjas Carroll continúa realizando impunemente en varias comunidades”.
Las organizaciones firmante son: el Consejo Regional Totonaco Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, Servicios Ambientales Amelatzinhualajtoc, la Unión de Cooperativas Tosepa, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Colectivo Tajpianij, Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, la Brigada de Defensa del Territorio Xochiteco, la Agencia Timomachtikan, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Movimiento Atzin, el Colectivo Tajtolmej Taltikpak, Unidad Indígena Totonaca-Nahua, la Organización Independiente Totonaca, el Consejo Maseual Altepetajpianij y el Consejo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla.