Omar Jiménez Castro, abogado defensor del derecho al agua, le reviró al edil Eduardo Rivera Pérez, al recordar que durante su primer periodo como alcalde de Puebla sí inició el proceso de privatización del servicio en el municipio en sesión extraordinaria de cabildo registrada el 12 de septiembre de 2013.
Luego de que Eduardo Rivera afirmó que hay un “falso debate” en el que se le señala como quien abrió paso al contrato con la empresa Concesiones Integrales, el también exsíndico municipal suplente, Omar Jiménez Castro, subrayó que el único que se opuso al aval que dio el cabildo a la concesión, orquestada desde el Congreso del estado durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, fue el entonces regidor priista Iván Galindo Castillejos.
“Sucedió en sesión extraordinaria de 12 de septiembre de 2013. Él fue el que inició el proceso de privatización del agua. Él junto con su grupo colegiado de regidores. Se opuso en ese entonces Iván Galindo”, acotó.
Aunque Rivera Pérez subrayó que no existen las condiciones financieras para remunicipalizar el servicio o revocar la concesión, Jiménez Castro subrayó que sí es posible e incluso el ayuntamiento daría un mejor servicio que la concesionaria.
Destacó que en su paso por la sindicatura -en el periodo en el que la ex edil Claudia Rivera fue a buscar su reelección- él y su equipo jurídico observaron que “había dos figuras del SOAPAP” en el título de concesión, es decir uno que es operado por el gobierno del estado y otro que el ayuntamiento puede “reactivar” en el momento que considere necesario.
“Cuando asumí el cargo estuvimos analizando el título de concesión y resulta que hay dos organismos del agua, el municipal y el estatal, que es el que conocemos comúnmente cuyo director es Gustavo Gaytán. El SOAPAP municipal es un organismo que el ayuntamiento no ha echado a andar”, acotó.
En su opinión, este es el sustento legal con el que cuenta el ayuntamiento de Puebla para volver a prestar el servicio de agua potable.
Estimó que con la prestación del servicio, el ayuntamiento contaría con ingresos por 5 mil millones de pesos que le alcanzarían para la operación del organismo remunicipalizado e incluso un excedente que podría aplicar en la dotación de servicios públicos como alumbrado, relaminación y bacheo.
En su opinión, este es el camino idóneo que debería seguirse para bajar las tarifas, eliminar los cortes ilegales, así como abastecer el líquido con un buen servicio, y no como lo plantea el edil panista que plantea obligar a la concesionaria a cumplir con lo que le exige la ley.