La presidente de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, Olga Lucía Romero Garci Crespo, aclaró que las observaciones por 2 mil 320.9 millones de pesos de la cuenta pública 2019 del gobierno del estado no corresponden a la administración del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, que inició el 1 de agosto de ese año.
La precisión que Romero hizo en tribuna del Poder Legislativo terminó por señalar a la gestión del exgobernador interino Guillermo Pacheco Pulido como responsable de las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), las cuales fueron reportadas al Congreso en el informe individual.
En tribuna, los diputados Oswaldo Jiménez López del PAN y Rocío García Olmedo del PRI hicieron un llamado al mandatario local y los integrantes de su gabinete a permitir a los exfuncionarios responsables del manejo de recursos públicos en 2019 aclarar las observaciones.
“Se debe de garantizar el derecho a la defensa a todos los funcionarios públicos”, enfatizó Jiménez, al recordar que la cuenta pública 2019 comprende tres administraciones: la de Jesús Rodríguez Almeida, quien fungió como encargado de despacho del gobierno estatal tras la muerte de la exmandataria local Martha Érika Alonso Hidalgo; Guillermo Pacheco Pulido, responsable del Poder Ejecutivo del 21 de enero al 31 de julio 2019, y Miguel Barbosa.
García Olmedo consideró que el cambio de gobierno ha dificultado la aclaración de las supuestas anomalías, ya que algunas de las dependencias que son objeto de observaciones se escindieron en el arranque de la administración barbosista.
Refirió como ejemplo la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, que encabezó el priista Jorge Estefan Chidiac en la gestión de Pacheco, la cual se dividió en dos unidades administrativas, de las cuales sólo una ha dado respuesta a los cuestionamientos de la ASE, la de Finanzas.
Tras la discusión, el Congreso aprobó el informe individual por unanimidad de votos, para que la ASE pueda seguir con el proceso de fiscalización.
Entrevistado en un noticiario radiofónico, el auditor superior del estado, Francisco Romero Serrano, dio a conocer que el gobierno estatal cuenta con 30 días para solventar las observaciones, tras el cual la ASE determinará las responsabilidades administrativas a las que haya lugar.