El Congreso de Puebla aprobó en comisión una reforma que obligará a a las empresas de seguridad privada a someter a su personal a pruebas de control y confianza, dado que sólo 14.1 por ciento de un total de 4 mil 659 elementos cuenta con la certificación correspondiente.
El diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Figueroa Cortés señaló que la modificación propuesta por el gobernador Sergio Céspedes Peregrina, que requiere el aval del pleno para quedar firme, resulta esencial para eliminar vacíos legales y exigir un nivel más alto de profesionalismo en el sector.
“La propuesta plantea que para ingresar y permanecer como personal operativo y técnico deberán someterse a procedimientos de evaluación y control de confianza, ya que no lo había, no lo establecía la ley”, explicó.
En la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, donde se discutió y avaló la iniciativa, el legislador petista agregó que estas medidas buscan evitar que empresas sin los debidos controles sigan operando, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.
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Las empresas incumplidas perderán la autorización para operar
Las modificaciones se realizaron a la Ley de Seguridad Privada, destacando la inclusión de las fracciones VIII Bis y VIII Ter al artículo 30, que establecen como obligación para los prestadores de servicios someter a su personal técnico y operativo a procedimientos de evaluación y control de confianza, así como mantener únicamente al personal que apruebe dichas evaluaciones.
Además, se reformó el artículo 39 Bis para incorporar sanciones específicas en caso de incumplimiento. Las empresas que no cumplan con estas disposiciones podrán ser amonestadas públicamente, recibir multas que van de quinientas a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y, en caso de reincidencia, enfrentarse a la revocación definitiva de su autorización para operar.
Adicionalmente, se destaca la intención de alinear estas disposiciones con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, tal como lo estipula la Constitución y las leyes vigentes.
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Se busca mejorar la seguridad en el estado: Céspedes
En la exposición de motivos de la iniciativa, el gobernador Céspedes Peregrina resaltó que estas reformas son fundamentales para salvaguardar el derecho a la seguridad de los ciudadanos y garantizar que las empresas de seguridad privada actúen como verdaderos auxiliares de la seguridad pública.
“Es indispensable que las empresas y su personal operen bajo estándares estrictos, para proteger la vida, las libertades y el patrimonio de las personas”, señaló.
El decreto también busca mejorar las condiciones de seguridad en el estado, considerando que las empresas privadas de seguridad desempeñan un papel complementario al de las instituciones públicas en la vigilancia, custodia de bienes y operación de sistemas de seguridad.
Una vez que el pleno del Congreso avale la reforma, ésta se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente.