Hasta nueve meses tarda en resolver un recurso de revisión el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue). El rezago que ha caracterizado a este órgano garante desde las irregulares renuncias de las comisionadas Gabriela Sierra Palacios y Claudette Hanan Zehenny, no termina. 

A pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla establece que la resolución de la queja ante la falta de respuesta debe resolverse en no más de 40 días, en las sesiones ordinarias del Pleno de este mes, comisionados han resuelto 190 recursos de revisión de interpuestas y acumuladas en julio, agosto y septiembre de 2022 y 25 expedientes del 2023. 

En los expedientes resueltos, por ejemplo, consta la orden a Convenciones y Parques para que entregue al ciudadano el contrato del festival más grande de rock en Puebla “Tecate Comuna” en el Parque Ecológico; documento que a la fecha ha perdido vigencia, pues luego de un rechazo e intensa movilización ciudadana, el plan original del evento fue cancelado y la sede transferida.  

“El retraso en las resoluciones constituye una vulneración al derecho de acceso a la información” sostuvo en entrevista Shanik David George, responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por el Derecho a la Verdad del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Universidad Iberoamericana (UIA). 

David George atribuyó este incumplimiento a la exponencial acumulación de recursos de revisión en el Itaipue: en 2021 en el órgano garante recibió 739 recursos de revisión, un promedio de tres diarios. En 2022 el número se triplicó a 2 mil 505 y para los tres primeros meses y 17 días del 2023, las quejas recibidas ya suman 4 mil 451 expedientes; así como a los extraordinarios procesos para cubrir vacantes y a las pobres condiciones en la que opera el órgano garante. 

Una resolución muy tardía

Tecate Comuna, en su edición 2022, promocionó –desde el mes de mayo– su concierto en el Parque Ecológico en las fechas 21 y 22 de octubre. El anuncio movilizó a grupos ambientalistas que protestaron por la destrucción de la flora y fauna que implicaría la asistencia de 30 mil personas –expectantes de 20 artistas– en el área considerada el “pulmón de Puebla” e incluso para áreas deportivas como las pistas de tartán. 

Las protestas, que fueron creciendo y nutriéndose con el tiempo, y en las que incluso se registró la represión por parte de policías y militares, lograron que la sede se cambiara a Cholula donde finalmente se celebró. 

Así, la resolución del comisionado Francisco Javier García Blanco llega tarde para el ciudadano interesado que interpuso su queja en agosto de 2022, luego que solicitara conocer los permisos otorgados, los funcionarios involucrados en las autorizaciones para realizar el evento, el costo de la renta del inmueble así como los términos del contrato, pero la información no le fue entregada. 

En la sexta sesión del Pleno, realizada este mes de abril de 2023, fue resuelto el expediente: RR-1620/2022 en el que el ciudadano se quejó por la negativa de Convenciones y Parques a entregarle el contrato de renta, argumentando que “no había condiciones para entregarlo en formato digital”. Sin embargo, le ofreció consultarlo directamente. El Itaipue al revisar el expediente advirtió violaciones a la ley, por lo que exigió transparentar el documento. 

Este expediente es uno de los 78 recursos de revisión de 2022 resueltos en la sexta sesión ordinaria del Pleno en la primera semana de abril. En la séptima sesión, celebrada hace unos días, fueron resueltas más de 111 expedientes de quejas por la falta de respuesta en 2022 y sólo 20 asuntos del 2023 interpuestas en el mes de enero. 

Ausencias, cambios y condiciones deplorables en el Itaipue

Shanik David, responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos reconoció que el instituto trabaja en condiciones cuasi paupérrimas además de pasar por un inédito proceso de cambios derivados de las renuncias de las comisionadas Gabriela Sierra Palacios y Claudette Hanan Zehenny en 2021 y 2022, los cuales no fueron atendidos de manera oportuna, gracias a los vacíos y ambigüedades de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla. 

En febrero de 2021, la entonces comisionada Gabriela Sierra Palacios abandonó el cargo por meses antes de presentar su renuncia formal por “motivos personales”, la suplencia no llegó de inmediato, el Congreso en lugar de realizar un proceso extraordinario por la renuncia, lanzó una convocatoria ocho meses después para ofertar dos vacantes, la de Sierra y la de Laura Marcela Carcaño Ruiz quien concluía su período de labores el 5 de enero de 2022.  

Harumi Fernanda Carranza Magallanes fue nombrada como sustituta de Sierra por el periodo que le quedaba –5 de enero de 2023– y Claudette Hanan Zehenny nombrada comisionada (del 6 de enero de 2022 al 5 de enero de 2028). Pero el 15 de marzo de 2022, 68 días después de integrarse al pleno del Instituto, dejó el cargo para formar parte de la Sala Especializada del Tribunal de Justica Administrativa del estado de Puebla.  

Las renuncias de las ahora excomisionadas generaron una carga de trabajo importante al interior del Instituto que hasta la fecha no ha logrado resolverse, haciendo crecer los retrasos que van multiplicando los pendientes.