Se han cumplido ya nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, precisamente el 26 de septiembre de 1914.
Del hecho, lamentablemente, privan dos visiones distintas, que es necesario empatar. Una cosa es lo que señala el Presidente de la república y otra es la percepción que mantiene el grupo de padres de los normalistas. Incluso, después de que se reunieron con Andrés Manuel López Obrador, esta semana hubo una nueva sesión con el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, entre otros funcionarios federales, pero aún con la entrega de varias decenas de cintas con conversaciones sobre el caso, al final, los padres y sus asesores salieron insatisfechos, incluso adelantando que se conducía nuevamente a la llamada “verdad histórica”.
Los padres se quejan que no han recibido toda la información existente por parte del ejército, lo cual es avalado por el GIEI, cuyos integrantes ya abandonaron el país. Por su parte, el presidente ha declarado en una de las conferencias mañaneras que, el ejército entregó ya todo lo que tenía sobre el caso.
Sea cual sea la realidad sobre los dichos, el hecho es que ahora, a un año de que concluya el periodo de la actual administración, no se ha finiquitado la investigación ni dado certezas claras de qué pasó con los estudiantes desaparecidos. Pareciera que el acusado pacto de silencio sigue prevaleciendo como elemento que sigue sesgando la verdad. Los padres no especulan ni se aventuran a afirmar que falta documentación, que no tienen la certeza de que existe, al contrario, exigen se entregue los reportes del miembro del ejército infiltrado entre los estudiantes y que también fue desaparecido. Y así, otros documentos.
El punto anterior pone en entredicho la verdad y la justicia en este caso, pasa el tiempo y aunque el Presidente diga que no se ha dejado ni un solo día por investigar la desaparición de los normalistas, no hay avance en suficiencia para darlo por saldado.
Aunque los hechos no se suscitaron en la presente administración, sino en la anterior, en el periodo de Enrique Peña Nieto, el actual gobierno prometió esclarecerlo, al igual que otras noventa y nueve promesas, cumplidas casi todas ellas menos ésta.
Aún con todo el mérito que tiene el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez en la investigación seguida hasta ahora, sobre todo en el derrumbe de la llamada “verdad histórica” y definirla como un crimen de Estado. Pero con todo esto, no es suficiente, se dejan entrever sectores sobre todo de las fuerzas armadas que ocultan información, muy necesaria para avanzar y esclarecer la desaparición.
Un año se va pronto, como se fueron los cinco anteriores. El tiempo se acorta y muchas cosas más se tienen que hacer, pero no para dar marcha atrás, sino para dar satisfacción a los padres de los normalistas. No puede heredarse este gran pendiente al siguiente gobierno, aunque sea del mismo cuño del actual. Hay que trabajar para que lo que quede sea la verdad y la justicia.