En el marco de la presentación del informe final del Mecanismo para La Verdad y el Esclarecimiento Histórico, el cual registra la violencia política y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado en el periodo de la llamada guerra sucia, comprendido de 1965 a 1990, la Comisión de la Verdad y la Justicia para los Próceres Universitarios exigió que el gobierno del estado, independientemente de quién lo encabece, pida disculpas a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y a la sociedad poblana en general por los crímenes que cometió Gonzalo Bautista O’Farrill, en su calidad de mandatario estatal, contra los universitarios, a principios de la década de los 70 del siglo pasado.
A Gonzalo Bautista O’Farriil, autor intelectual de las agresiones, al igual que Octaviano Márquez y Toriz, arzobispo de Puebla, azuzador de la violencia y pieza fundamental en la creación del Frente Universitario Anticomunista, junto a un sector del empresariado poblano, se les responsabiliza al menos de ocho asesinatos durante el periodo en que gobernó. Siete de estos crímenes se perpetraron contra miembros de la UAP: el primero ocurrió el 20 de julio de 1972, cuando fue ultimado Joel Arriaga Navarro; el segundo el 20 de diciembre del mismo año, cuando mataron a Enrique Cabrera Barroso; seis homicidios más los consumó la Policía Estatal el 1 de mayo de 1973, cuando en una refriega acabó con las vidas de Alfonso Calderón Moreno, cuatro estudiantes y un obrero.
En el informe final de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, presentado ayer durante un acto celebrado en el Paraninfo de la UAP, se documentan al menos 91 víctimas de masacres y asesinatos individuales entre 1970 y 1990. Además, destaca la represión a comunidades campesinas que luchaban por el reparto de tierras frente a los cacicazgos regionales, donde resaltan los casos de las matanzas de Monte de Chila y Rancho Nuevo, Pantepec.
Por ello, no olvidar los crímenes del pasado, preservando la memoria histórica con el objetivo de conocer la verdad, pero también demandar justicia para las víctimas y sus familias, aspira a frenar la impunidad que ha prevalecido en un pasado doloroso.