Miércoles, abril 14, 2021

“No me ayudes compadre”

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Cartas a Gracia

Contrastan, Gracia, intenciones, buenos deseos y declaraciones  gubernamentales que apuntarían al diseño de política publicas para combatir la obesidad, con acciones de gobierno que muestran lo contrario –privatización de espacios para la práctica del deporte, despido masivo de docentes de educación física, tolerancia y permisividad de propaganda engañosa que a través de los medios masivos de comunicación, fomenta el consumo de productos chatarra–, y esfuerzos de particulares –personas física y/o morales– que suplen con creces, en materia deportiva, la inactividad de autoridades federales, estatales y municipales. “Para muestra basta un botón”, el Calendario de Carreras en México DF 2013 (http://www. runmx.com/calendario–de–carreras– y–maratones/) reporta que en el transcurso del día 29 de septiembre se realizaron 27 “carreras”, de las que 26 fueron organizadas por particulares y sólo una corrió a cargo del sector gobierno. Destacan el “1er. Duatlón Liverpool México 2013”, realizado en Santa Fe, las carreras “HSBC Seguros 2013 y 7a Simi Carrera DF,” que se corrieron en el “Circuito Museo de Antropología” y en la  “2da Sección del Bosque de Chapultepec”, respectivamente, el “Medio Maratón del Centenario del Ejército Mexicano” efectuado en las instalaciones del Campo Militar No. 1 y por interesar a los poblanos, los “5k Colors Puebla” y la “Carrera TEC–Nike 5 y 10K Puebla”, que tuvieron como escenarios los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula.

Mientras que Emilio Chuayffet Chemor, encargado del despacho educativo de la administración federal, actores políticos, incluidos diputados y senadores de los partidos signantes del Pacto por México a más de múltiples personeros de organizaciones empresariales, entre las que sobresale la denominada “Mexicanos Primero A.C.”, exigen que se “haga la voluntad de dios, en los bueyes de sus compadres”, quienes tendrían que “hacer cumplir, sin excepción alguna, las nuevas leyes vigentes”; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación encabeza un movimiento de “Insurgencia Magisterial”, en contra de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias, que aglutina a lo mismo a radicales que a moderados que a institucionales, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), despliega una débil campaña mediante la que pretende recuperar el terreno perdido.

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Recurre el SNTE, lo mismo a advertencias “que no se dejen sorprender, que no se dejen engañar: han estado los compañeros del Consejo Democrático, los de la Coordinadora haciendo un trabajo de descalificación a la organización sindical, de descalificación a la reforma diciéndoles a los compañeros que van a perder su empleo, que no se dejen engañar, el empleo está garantizado –Salgado Nestor–… y no participen”, que a mentiras “esta ley no daña ningún derecho de los trabajadores de la educación; al contrario, los respeta y los refrenda”, –Jorge Luis Barrera– (Martín Alcántara, La Jornada de Oriente, 24 de septiembre), y a explicaciones en las que, al tiempo que admiten tácitamente la debilidad en la que se encuentran (preguntas y respuestas; nuestros logros en educación –SNTE), tratan de congraciarse con quien los mantiene administrando las cuotas de los afiliados; el gobierno de la República.

Tras plantear respuestas a diferentes cuestiones, 38, formuladas aparentemente por “profesionales” de la educación, reconocen que no los van a correr (1), “perla japonesa”(Nikito Nipongo). “Si cumples con las evaluaciones y acudes a los cursos de capacitación y actualización tus derechos seguirán vigentes”, como que tampoco los despedirían cuando acumulen tres faltas consecutivas o discontinuas “si las faltas están justificadas –de Perogrullo–. Tal como está establecido desde 1946”, (4). Regodeándose, tal cual lo hace Chuayffet Chemor, seguramente, responden que, tras tres evaluaciones insuficientes “el personal, que teniendo nombramiento definitivo, no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar con otras tareas dentro de dicho servicio”. (7) aceptando la violación de derechos adquiridos como la inamovilidad y la no retroactividad de la aplicación de la ley (artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos). Se salen por la tangente y ante el cuestionamiento sobre cual será el futuro de los ATPs responden que “la ley establece al ATP como una promoción de carácter lateral temporal con remuneración que se obtiene por concurso. Se establecerá un programa de regularización para los Asesores Técnico–Pedagógicos en funciones, una demanda por la que hemos luchado durante muchos años”, pero no al hecho, señalado por el artículo 41 de la Ley General del Servicio Profesional Docente de que “la selección se llevará a cabo mediante un concurso de oposición de conformidad con lo señalado en el Título Segundo, Capítulo IV de esta Ley”. Tímidamente el SNTE responde que ante cualquier violación de los derechos laborales defenderá a sus agremiados, “sí, con todos los instrumentos y medios a nuestro alcance”, seguramente sí los agremiados lo solicitan (“quedan pendientes algunos compañeros que no se han acercado a la organización sindical”. Nestor Salgado), como si no el solicitar auxilio cancelase la membresía sindical y como si la defensa no fuese una obligación de la organización. Para quienes tienen el carácter de personal comisionado la respuesta del SNTE también raya en la demagogia, puesto que les señalan, que podrán mantener la función siempre y cuando “sí, si participas en los procesos de evaluación y obtienes los resultados suficientes, además de que podrás obtener tu plaza directiva, pues hemos impulsado un programa de regularización”. (13). Con estas respuestas seguramente habrá entre los y las docentes muchos y muchas que dirían: “No me ayudes compadre”.

Y así, entre mentiras y verdades a medias, Gracia, transcurre una respuesta, de la que sólo se han abordado 13 cuestiones, en la que el SNTE, adicionalmente, se arroja la paternidad de pocos de los derechos rescatados por el trabajo individual de legisladores como Miguel Alonso Raya y Jorge de la Vega (Partido de la Revolución Democrática).

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