Cartas a Gracia
Las experiencias negativas que maestras y maestros tuvieran de la Unidad de Carrera del Servicio para Maestras y Maestros (USICAMM) -producto de la participación en los procesos de promoción vertical y horizontal 2021-2022 podrían aclararse a la luz de los webinar que “por instrucciones superiores” sostienen algunos miembros de la burocracia usicamita. Y, aunque podría no ser claro que no todas las quejas procederían por ser contrarias a la convocatoria -que en su momento publicaría la dependencia-, en otros, las maestras y maestros quejosos tendrían razón fundada, como en aquellos en los que el puntaje del suspirante era notoriamente superior al reconocido por la plataforma Venus, instrumento que por alguna razón se habría equivocado en la sumatoria del puntaje.
No obstante Gracia, valdría la pena tomar en consideración algunos de los consejos que se derivarían de las participaciones –remotas- que por intermedio de plataforma (YouTube) compartirían autoridades de la USICAMM a maestras y maestros que quisiesen participar en alguno de los procesos de ingreso y/o promoción correspondiente al ciclo escolar 2022-2023. Procesos que iniciarían formalmente el 20 de diciembre pasado con la publicación de las “disposiciones que precisamente regulan el proceso de promoción vertical en la promoción a funciones directivas o de supervisión” y que, a toro pasado, permitirían confrontar disposiciones contra quejas y reclamos de participantes, aunque resaltaría el descontento vinculado al actuar de otras autoridades educativas que desempeñan funciones similares en las entidades; por ejemplo, el derivado de una reunión organizada por la dirección del nivel (secundarias) “con supervisores y jefes de sector en que lo primero que nos dicen es: maestros si sus subordinados los van a calificar mal, mejor ni participen”. Advertencia que podría interpretarse de muchas maneras; entre ellas, la de no aplicar la normatividad -tornarse en cómplices- para garantizar una buena calificación.
Entre consejos, advertencias y loas a la directora del organismo y a la jefa de la oficina educativa de la administración federal, destacaría el “propósito fundamental”: tener “un solo documento por proceso que contemple de principio a fin todo lo que tiene que ver con lo [el] que ustedes están participando […]”. Cuestión que como el expositor destacaría, permitiría autovalorar el puntaje que cada postulante obtendría. Observación que de por medio señalaría el carácter genérico de cada proceso -único- y específico, que incluiría “contemplar los contextos regionales y locales de la prestación del servicio educativo”, que evitaría que alguien pudiese -en el futuro próximo- ser acusado de obtener resultados idénticos, al presentar el examen del que se trate, en entidades tan disímbolas como Sonora, Sinaloa o Yucatán, aunque usen el mismo sombrero “Tardán”.
Otras disposiciones que tendrían que considerar quienes “voluntariamente” participen en el proceso de promoción vertical, se verterían bajo el formato de consejos que, una maternal directora, pronunciaría: “lean perfectamente el acuerdo y estén muy atentos a las próximas convocatorias […] porque éstas y el acuerdo contiene(n) todo lo que ustedes necesitan saber sobre su participación”. Aludiría a la revisión de “la función y al nivel educativo donde tú estás desempeñándote”; rubro que te permitiría saber si eres elegible para promoverte, pero que de entrada marginaría a quienes trabajadores de la educación con antigüedad y prestancia, vean pasar las oportunidades por no contar con clave requerida, requisito indispensable para inscribirte y ocupar un puesto jerárquico inmediato superior, y así continuar con la “la línea escalafonaria”. Requisito que veta a quienes se desempeñan como maestras y maestros de música -caso similar al de los apoyos técnico pedagógicos-, lo mismo que a las y los docentes que contratados por horas no cuenten con un nombramiento superior a las 24 o 25 horas semana mes, y siempre y cuando tengan la antigüedad requerida (4 o 5 años desempeñando la función).
A partir de este proceso Gracia, la antigüedad en la función tendría un tope de 30 puntos y como límite máximo se permitiría contar solo a los primeros 30 años de labor; tema que les permitiría ser más inclusivos, si bien y por el contrario se premiara a las horas silla sobre la preparación destacando el papel que jugarían las alianzas en el pasado proceso electoral. Sus críticas disminuirían ante las expectativas de corresponsabilizar a las autoridades locales en el proceso de registro previa cita, que tantos dolores de cabeza les costó a todas y todos los actores. Adicionalmente, a partir del próximo ciclo escolar, será un requisito indispensable “acreditar un curso” que muestre que las y los suspirantes dispongan de “conocimientos de gestión y de organización escolar, así como habilidades que ustedes van a requerir poner en juego: liderazgo, trabajo en equipo, colaboración, pero muy importante, desde la visión de la nueva escuela mexicana”. Toda joya que resaltaría con luz propia.
Y aunque pareciese que las expectativas de mejora institucional serían la regla, todo está por verse; en tanto avance el proceso en el que, sin embargo, el personal “atendiente” sería su talón de Aquiles. Funcionarios que continuaran maniobrando para asignar las mejores plazas a sus “cuates” y convenciendo a las y los suspirantes para obtener interinatos de los cuales, serán desplazados con la complicidad benevolente de las y los representantes sindicales, cumpliéndose así la máxima que rezaría: no hay peor enemigo para un trabajador que se quiere promover, que un “compañero” que se lo impide.