El Poder Judicial poblano se ha conducido apegado a Derecho en los casos de los tres ambientalistas presos por oponerse al gasoducto Morelos. Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, aseveró ayer Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“En los tres procesos, como en todos los procesos que hay en el Poder Judicial, se está aplicando correcta y cabalmente la ley; eso es lo que les puedo mencionar. Y en el caso de estos tres activistas no tengan la menor duda de que es una exacta aplicación de los ordenamientos vigentes en el estado de Puebla”, aseveró en una entrevista tras la inauguración del foro “La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas: Situación Actual, Perspectivas y Desafíos”
Los reporteros le cuestionaron sobre las acusaciones que ha hecho la diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo en el sentido de que se negó a Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, la libertad bajo caución a la que tenía derecho, pretextando que se trata de una “persona peligrosa”.
El titular del Tribunal Superior de Justicia afirmó que en el caso de Cordero Calderón –preso por delitos cometidos en contra de funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad– la ley se ejecutó “correcta y cabalmente”, al igual que en los casos de Rosas Vélez y de Flores Solís.
Los delitos de los que se le acusa a Cordero Calderón, a decir de Luna Porquillo, tienen sentencias que no rebasan los cinco años y, por tanto, alcanza la libertad bajo caución; sin embargo, el representante social negó este derecho por considerar al indiciado una persona peligrosa, denunció la legisladora.
Agregó que el coordinador de Ministerios Públicos estuvo presente en la diligencia y que por el comportamiento que ha tenido la Procuraduría General de Justicia (PGJ) todo indica que hay consignas en contra de los opositores al gasoducto.
Por su parte, Lizeth Sánchez García, del Partido de Trabajo, anunció que solicitará la comparecencia del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para que explique la represión y persecución que su administración emprendió contra los ambientalistas.
“Estamos en contra de la represión y la violación de los Derechos Humanos; yo creo que en este tema estaremos en pie de lucha, y de ser necesario también solicitaremos la comparecencia del gobernador en el Congreso del estado; se va a hacer en la Cámara de Diputados y tendremos que hacerlo aquí también”, indicó.
La legisladora local explicó que el PT no ha intervenido de manera directa en la defensa de los ambientalistas, debido a que no han recibido una solicitud formal de los activistas detenidos, por lo que “no tenemos postura oficial al respecto”, según consignó el Periódico Central.
Sin embargo, aseguró que harán los llamados oportunos a quienes resulten responsables; además, reiteró que su compromiso es el de defender los derechos humanos.