El gobierno federal, seguramente de acuerdo con los estatales, ha determinado hacer subir la alerta volcánica del Popocatépetl a Amarillo Fase 3. Más allá de una vieja discusión sobre la comprensión del significado de este sistema de alerta, la determinación significa no una instrucción de evacuación de las poblaciones que se encuentran categorizadas como en Riesgo Mayor, pero sí representa el compromiso gubernamental de hacer adecuadamente los preparativos para realizarla cuando el grupo científico recomiende tal medida. Eso es un reto muy importante porque no se trata de actuar simplemente cuando un conjunto de indicadores establezcan la posibilidad de un comportamiento más dañino de la erupción, sino de hacerlo con seres humanos, para los que está su salud y su vida en juego.
Seguimos pensando que es necesario revisar cuidadosamente cada uno de los pasos y los procedimientos que deben acatarse en el momento del traslado de las personas fuera de la zona de mayor peligro, de los refugios en los que se alojarían durante un determinado tiempo. La gente debe tener un aceptable grado de certeza de que el gobierno está actuando correctamente; por ello la operación debe estar exenta de propósitos electorales, personales o partidistas. La historia de los manejos de desastres y en particular de la amenaza vivida en el Popocatépetl, está llena de ejemplos negativos. En los prolegómenos de la elección del año 2000, es un caso, el secretario de Gobernación de entonces, Francisco Labastida, operaba para descarrilar las acciones de prevención que el gobernador Manuel Bartlett llevó a cabo frente a la amenaza eruptiva, sin miramientos frente al riesgo de los habitantes volcaneros.
Este episodio de la erupción actual de Don Goyo está atravesado por los apetitos electorales de varios aspirantes, pero en el Estado de México habrá elecciones el próximo 4 de junio, y no es descabellado pensar que estando la población frente a las urnas les esté cayendo ceniza o se encuentren evacuados.
Ojalá la llamada Protección Civil sea una actividad de Estado y no un reducto de aspirantes políticos y sus agentes operativos.