Desde la semana pasada en estas páginas se dio a conocer la denuncia pública que hicieron padres de familia de la escuela primaria “Gabino Barreda”, ubicada en La Pahua, comunidad del municipio de Francisco Z. Mena, sobre un docente que cometía abusos físicos y psicológicos contra sus alumnos de segundo grado.
Este fin de semana los progenitores tramitaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal contra el mentor, acusándolo de haber violado sexualmente a cuatro menores.
La gravedad de este caso aumenta porque los paterfamilias aseguran que desde hace tiempo habían informado al director del plantel y a autoridades educativas de la zona sobre el comportamiento a todas luces irregular del profesor, pero la única respuesta que obtuvieron es que lo iban a cambiar de adscripción.
Resulta inverosímil que estos delitos sigan sucediendo cuando hay una conciencia social muy amplia sobre el respeto que debe haber, en todos los sentidos, a las infancias y la existencia de instituciones y leyes que protegen sus derechos.
Que estos abusos se sigan cometiendo se debe sin duda a la carencia de una vigilancia formal por parte de la Secretaría de Educación Pública en el comportamiento no solo de los maestros, sino de todos los adultos que laboran en las escuelas, así como a la falta de atención de los señalamientos realizados por las familias y la inexistencia de un protocolo que tenga como eje central la protección necesaria que niñas y niños deben tener, en un espacio que debería ser seguro y libre de esta violencia.
Peor resulta la solución que las autoridades enteradas de las vejaciones pretendieron darles a las denuncias de los padres, pues cambiar de centro del trabajo al señalado no era de ninguna manera la respuesta que debió darse y recuerda a los intentos vanos que practicó o sigue practicando el clero cuando se conocen los abusos de sacerdotes sobre menores.