El gobierno del estado debe definir una ruta estratégica y concreta, a través de la Secretaría de Finanzas, para la compra de acciones de Agua de Puebla, antes Concesiones Integrales, y evitar que las ganancias del servicio de agua potable se queden en manos de empresas extranjeras, demandó la Asamblea Social del Agua (ASA).
En una manifestación frente a Casa Aguayo, la integrante de la ASA, María Eugenia Ochoa García, sostuvo que la postura del gobierno poblano abre una oportunidad para avanzar en la desprivatización del servicio, pero advirtió que, si no se construye un plan de acción preciso, el planteamiento oficial puede quedarse en una promesa más.
Recordó que se hizo público que la trasnacional filipina Manila Water Company presentó una oferta por 3 mil 625 millones de pesos para adquirir 74.85 por ciento de las acciones de Concesiones Integrales S. A. de C. V. (Agua de Puebla), empresa que desde 2014 administra el recurso hídrico en la capital y la zona metropolitana.
Ochoa García subrayó que la Secretaría de Planeación y Finanzas debe encabezar una mesa de trabajo con la ASA y otros actores sociales, para definir las bases financieras, jurídicas y administrativas que permitan al estado recuperar el control del servicio de agua. Sostuvo que es indispensable que ese diseño incluya plazos, mecanismos de compra de acciones y criterios de transparencia.
“La postura del gobierno nos parece una ventana que se abre para lograr la desprivatización del servicio de agua. No obstante, debe ir más allá del discurso. Se debe plantear una mesa de trabajo con una proyección donde Finanzas establezca cuáles serían las bases para esa recuperación”, reiteró la activista durante la protesta.
La representante de la ASA afirmó que no sólo preocupan las fallas cotidianas en el servicio que presta Agua de Puebla, sino también la persistente contaminación del río Atoyac por la falta de saneamiento efectivo. Agregó que el propio gobierno estatal reconoció que la concesionaria incumplió compromisos de inversión en infraestructura hidráulica por 300 millones de pesos previstos para 2025, lo que abre la puerta a sanciones administrativas y legales.
La ASA insistió en que, si se concreta la operación con Manila Water, las utilidades generadas por las tarifas de agua potable saldrán del país sin que se garantice una mejora en el servicio ni en el saneamiento de los cuerpos de agua. A su juicio, ello refuerza la necesidad de que el estado recupere el control de Agua de Puebla y revise a fondo la concesión.
En días recientes, el gobernador Alejandro Armenta declaró que su administración dará una “gran sorpresa” en torno a la concesión del agua en Puebla y aseguró que la prioridad de su gobierno es garantizar el suministro del recurso para toda la población. La ASA respondió que esa “sorpresa” debe traducirse en medidas concretas para que el gobierno participe en la compra de acciones y avance hacia un modelo público, con rendición de cuentas y participación ciudadana.
