I de II. El Centro Fray Julián Garcés refutó la declaración oficial hecha la semana pasada acerca de que se han cumplido ocho de los 12 puntos de la recomendación 10/2017 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió a las dependencias responsables del medio ambiente del gobierno federal, las administraciones estatales de Puebla y Tlaxcala, amén de los ayuntamientos de cinco municipios de ambas entidades federativas, ubicados en los márgenes del río Atoyac, para sanear el afluente.
En entrevista con La Jornada de Oriente (JO), Alejandra Méndez Serrano (AMS), directora de la organización, advirtió que la desarticulación de instituciones y políticas gubernamentales persiste y solo hay simulación de parte de las autoridades.
“Efectivamente se anuncia el avance de las recomendaciones y se ha anunciado desde que se firmó el convenio de coordinación interinstitucional en 2020. Cabe decir efectivamente que la recomendación justo tarda seis años, porque fue mucho trabajo para que las y los visitadores comprendieran que el tema no sólo es de contaminación, sino que tiene relación directa con la salud de la población, la afectación a la salud por los riesgos que tiene la población por vivir en un ambiente contaminado. Eso hizo que tardáramos seis años, porque la problemática de contaminación desde el gobierno y desde la academia está muy documentada, su relación con la salud era lo complejo”, comentó la activista, quien dialogó con esta casa editorial en la sede del Fray Julián, ubicada en la capital tlaxcalteca.
Y abundó: “la recomendación documenta la grave violación a los derechos humanos porque las autoridades refieren que nunca se han coordinado entre ellas, entre el sector federal, estatal y municipal, que ha habido una descoordinación, que cada quien ha ejercido el presupuesto como mejor le parece y que el problema no solo no termina, sino que se agudiza. Se documentaron acciones como inspección a industrias a las que se imponen multas de 10 mil a 100 mil pesos y que las industrias prefieren pagar en lugar de tratar sus aguas y que la autoridad no tiene un seguimiento a esas industrias que han estado contaminando, entonces se paga por contaminar”.
Méndez Serrano añadió: “se documentó también que la Conagua no tiene la tecnología suficiente para medir la totalidad de sustancias tóxicas en el agua, se documentó que no hay información de extracción de agua: ¿quién tiene las concesiones?, ¿cuántas tiene?, ¿qué están desechado a los cuerpos de agua?, en fin, y, por tanto, en la recomendación (general) hay más de 100 recomendaciones, pero la principal es que debe haber un grupo de coordinación interinstitucional entre la Federación, los estados y los municipios, para integrar un plan integral de saneamiento para toda la cuenca, no sólo para los municipios recomendados, sino para toda la cuenca que comprende municipios de Tlaxcala, de Puebla, algunos del Estado de México y Oaxaca, que es lo que comprende la cuenca del alto Atoyac.
“La intención entonces es que las acciones se tienen que empezar a realizar cuando haya un plan integral de saneamiento, que es lo que no está, por lo tanto, la recomendación o el cumplimiento que llaman -entre comillas- yo diría el cumplimiento, porque nos estamos enfrentando a una nueva simulación, una nueva simulación en donde no hay un plan integral de saneamiento y en donde lo que se está anunciando nuevamente es la construcción de plantas de tratamiento, ahí están centrando la acción. Si ustedes revisan las notas desde la primera sesión de trabajo y hasta ahora las últimas que se anunciaron, como cumplimiento de la recomendación, el mismo programa de saneamiento Puebla-Tlaxcala, lo que están planteando son plantas de tratamiento y ese es un problema, como el caso de Ixtacuixtla, donde Bayer está desechando plomo y la planta de tratamiento que se promueve es biológica, no trata el plomo y queda como un elefante blanco inservible”.
En ese sentido la directora del Centro Fray Julián Garcés explicó: “pensar que las plantas de tratamiento son la solución es conducir a que el problema se siga agravando y se siga agudizando. La misma Secretaría de Medio Ambiente, la Conagua, han reportado que en Tlaxcala, por ejemplo, hay 132 plantas de tratamiento de agua que están funcionando al 59 por ciento, y no todas, o sea solo el 70 por ciento, por según ellos, es un número yo diría bastante ominoso. Son 77 plantas más bien las que dicen que están funcionando en promedio en un 58 por ciento, las demás no funcionan, y nos ha tocado ver en campo que hay plantas de tratamiento que se gastaron más de tres millones de pesos pero sólo son cuatro paredes, sin nada adentro.
Advierte luego, otro problema: “Antes de pensar en plantas de tratamiento había que tener una caracterización de la problemática, es decir, tenemos que ubicar cuántas descargas hay, porque es parte de la violación del derecho a la información. La autoridad no tiene mapeado el territorio para ubicar cuántas descargas hay, de qué tipo son las descargas, y entonces lo que nosotros incluso planteamos, porque hicimos una propuesta comunitaria para integrar un plan de saneamiento, lo que nosotros decimos es que tenemos que tener el mapa completo para realmente armar un programa integral, de lo contrario se sigue simulando.
“Están anunciando acciones solo para los tres municipios recomendados por el lado de Tlaxcala y los dos municipios recomendados por el lado de Puebla, eso en sí mismo ya invalida el plan integral de saneamiento, porque el plan integral tiene que ser para toda la cuenca, si bien estos estos municipios tienen que participar, el plan no sólo es para estos municipios. Entonces, nos estamos enfrentando a una reincidencia nuevamente en la violación a los derechos humanos, que tardamos 6 años en documentar como violación, lo cual es gravísimo, porque nuevamente se vuelven a justificar presupuestos, se dice que se cumple en el marco de las competencias que cada institución tiene, pero no están coordinándose para integrar un plan integral”, aseveró la entrevistada.
JO -¿Qué es lo que ha faltado?, ¿hay quienes en el gobierno se oponen al saneamiento o es que de plano no se quieren enfrentar a las empresas que están vertiendo sus desechos a la cuenca del Atoyac-Zahuapan?
AMS -Mira, yo creo que falta una coordinación y precisión, sigue faltando, por más que estén diciendo que se están coordinando, no es real, porque no hay un programa integral, lo que hay es un listado de acciones que cada institución hará en el marco de sus competencias, o sea, Puebla dice: “yo, en el marco de mi competencia y administrativamente lo que me toca”; área de Tlaxcala igual, y “en el municipio haremos esto y la población hará esto y la Federación hará esto, en el marco de sus competencias”, no está mal, cada uno tiene que hacer lo que le compete, pero tiene que mirar el problema y entonces pensarlo en el marco de cómo vamos a resolver esto de manera integral y con plazos determinados, presupuestos, plazos, indicadores que vayan diciendo cómo va a ir reduciendo la contaminación y cómo va a ir reduciendo el problema en los años.
Ahorita lo que tenemos, por ejemplo, es muy invisibilizado el tema de la salud. Se están yendo a la cuestión de saneamiento con plantas de tratamiento, pero el tema de la salud está súper invisibilizado y lo que se documentó en la recomendación y es información que hemos estado nosotras vertiendo con información la academia, pues es que en la cuenca del año 2002 al año 2016 murió una persona cada cuatro horas por algún tipo de cáncer, insuficiencia renal o abortos espontáneos, y del año 2015 al año 2019 el número se redujo, o sea muere una persona cada dos horas y media, lo cual nos dice que se está agravando el problema,
JO -Se están acelerando las muertes…
AMS -Exactamente, porque lo que tienes es una exposición crónica, es que es una exposición de todo el tiempo que las industrias estén instaladas, y la investigación de la doctora Regina (Dorinda Montero Montoya, académica de la UNAM) ha dado elementos, insumos. La doctora Regina ha hecho investigación que confirma que la población presenta daño en los genes por la exposición a la contaminación, eso lo que hace es generar una vulnerabilidad para contraer una enfermedad de este tipo con otros factores, que es lo que se documentó en la recomendación (de la CNDH), y la misma doctora Regina con algunos alumnos y alumnas doctorantes, documentó en un análisis en población infantil que vive en la zona donde pasa el acuífero contaminado, con otra zona que no está tan impactada, de cómo está niñez tiende a crecer menos, tiene ya daños por los tóxicos, que su organismo está metabolizando compuestos orgánicos volátiles y metales que no logran expulsarse y entonces el riesgo es que los niños y las niñas no van a crecer los suficiente, no se van a desarrollar como cualquier niño normal, pero que además están muy vulnerables a contraer una enfermedad y que, además, varios de ellos ya tienen problemas renales por este ambiente contaminado, digamos hay información que está diciendo que el problema de salud tiene mucho que ver y la recomendación es el primer documento oficial donde se reconoce.