El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, planteado por el gobierno federal para mitigar el precio de la tortilla, enfrenta el rechazo del sector en Puebla. La medida del gobierno federal pretende reducirlo 5 por ciento, con la venta de maíz subsidiado a 6 mil pesos por tonelada, cifra menor a los 7 mil 800 pesos que están pagando en promedio los industriales poblanos, así como precios preferenciales en harina de maíz nixtamalizado. Sin embargo, las condiciones hacen inviable una reducción significativa para las y los consumidores en el corto plazo.
Este acuerdo, lanzado para enfrentar la especulación y la volatilidad en los precios internacionales del maíz, busca garantizar la estabilidad del insumo básico en la cadena productiva de la tortilla, estableciendo precios preferenciales y regulando la distribución a nivel nacional.
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De acuerdo con el programa, el gobierno federal proyecta una baja máxima de 5 por ciento en el precio final para el consumidor. En Puebla, donde la tortilla se comercializa entre 16 y 20 pesos el kilo, esa reducción significaría un ajuste que oscilaría entre 80 centavos y 1 peso dependiendo del establecimiento, efecto que se desvanece ante los costos adicionales por flete y la compleja tramitología.
“El ahorro que dice el gobierno se pierde en el transporte; pagamos casi lo mismo aunque la tonelada se ofrezca más barata, y además inscribirse es sumamente complicado porque piden muchos requisitos”, recalcó en entrevista Elvira Blanco Sánchez, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla en Puebla.
El aumento en el precio para trasladar el grano desde los Centros de Acopio de Alimentación para el Bienestar –calculado en hasta 400 pesos extra por tonelada–, junto con el control limitado de insumos clave como gas y electricidad, hace que “el alivio económico que se promete no llegue al consumidor”, destacó.
Además, en Puebla la mayoría de las tortillerías opera con maíz y no con harina, por lo que el descuento ofrecido por la empresa Minsa, de 500 pesos por tonelada, resulta poco relevante.
El sector señala que el acuerdo no contempla un apoyo integral ni a los insumos energéticos que inciden directamente en el precio del producto final. Blanco Sánchez advierte:
“Necesitamos un apoyo que incluya todo el proceso. Todo sube, desde el gas hasta la luz, y eso no se está considerando”.
Siete de cada diez negocios en la entidad permanecen en la informalidad, lo que dificulta aún más que las pequeñas empresas aprovechen el beneficio del subsidio federal. Además, la falta de regulación y competencia desleal generan un mercado inequitativo que pone en riesgo la viabilidad del sector.
En este contexto, el sector demanda una política integral que simplifique los trámites, provea subsidios para todos los insumos, y fortalezca la regulación y el combate a la competencia desleal. Solo con estas condiciones, aseguraron, el precio de la tortilla podría bajar de manera real y sostenida.
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