Miércoles, febrero 12, 2025

Dominan influencias y nepotismo en el TSJ; litigantes exigen renuncia de Héctor Sánchez

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Los presidentes del Colegio de Jurisconsultos de Puebla y del Foro de Penalistas, así como la Academia Poblana para la Investigación y la Difusión de los Derechos Humanos dieron a conocer una red de tráfico de influencias y nepotismo que opera al interior del Tribunal de Justicia del Estado de Puebla, por lo que exigieron la renuncia inmediata del presidente Héctor Sánchez Sánchez, aunado a la falta de resultados en el encargo.

En rueda de prensa, José Santiago Blanco y René Domínguez Martínez, presidente del Colegio de Jurisconsultos, externaron la preocupación y malestar que existe entre los abogados por la crisis de funcionalidad y eficacia en que está inmerso del Poder Judicial del Estado.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2018 del World Justice Projet (WPJ), revelaron que Puebla es la cuarta entidad con peor estado de derecho a nivel nacional, con un puntaje de 0.36 por ciento.

Precisaron que los rubros con la peor calificación para la entidad fueron: Impartición de Justicia y Respeto a los Derechos Humanos, donde logró la segunda y tercera peor evaluación del país.

En Justicia Penal, informaron que Puebla obtuvo la segunda peor calificación, con 0.31 puntos de un máximo de 1. Le siguió con bajo puntaje el rubro en Investigación Eficaz Penal con 0.16; en Procuración e Impartición de Justicia Eficiente 0.30; Derechos de las Víctimas, 0.38 por ciento; Debido Proceso Legal, 0.41; y Justicia Penal Imparcial, Independiente y Libre de Corrupción, con 0.34.

En Reinserción Social, señalaron que el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, fue considerada la segunda prisión más corrupta del país.

En justicia civil, Puebla obtuvo la tercera peor calificación, con 0.32 puntos; en gobierno abierto 0.34; en límites al poder gubernamental promedio 0.38 que le dio el lugar 26; la ausencia de corrupción se quedó con 0.33 puntos.

Sumado a la falta de resultados, denunciaron las prácticas que surgieron durante el sexenio de los panistas Rafael Moreno Valle Rosas y el gobierno de José Antonio Gali Fayad, invadiendo al Poder Judicial, que le quitaron autonomía de gestión y presupuesto, nombrando magistrados sin experiencia ni carrera judicial, como los casos de Roberto Flores Toledano, Roberto Grajales Espina, Israel Mancilla y Jorge Benito Cruz.

Por esta razón, solicitaron que la actual legislación revise dichos nombramientos y en su caso se investigue su desempeño.

Red de corrupción involucra a magistrados  y jueces

Los abogados demandaron se investigue a fondo los casos de corrupción de magistrados y jueces que litigan asuntos por medio de despachos y prestanombres, tráfico de plazas de base entre el presidente y la secretaría del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.

Lo anterior, repudiaron, fomentando el nepotismo y terrorismo laboral en los espacios de las salas y tribunales de primera instancia.

Entre la lista, nombraron el caso del Juzgado Sexto de lo Familiar a cargo de la jueza Alicia Hernández Rojas, protegida del presidente del Tribunal, Héctor Sánchez Sánchez, quien desde que estaba en el Juzgado Quinto se dedicó a sembrar el terrorismo laboral, traficando las plazas de los trabajadores, y llegando a laborar a las 13 horas, con un pésimo desempeño y atraso en el juzgado.

José Santiago Blanco y René Domínguez Martínez señalaron que a pesar que sobre Alicia Hernández pesan varias quejas de litigantes en su contra ante el Consejo de la Judicatura, la magistrada presume de la protección que le brinda el presidente del Tribunal.

Incluso, sostuvieron que logró colocar a su hija Alicia Hernández Márquez como secretaria proyectista en la Cuarta Sala Civil.

Otros casos de nepotismo lo encabeza la magistrada Margarita Gayosso Ponce, quien colocó a su hermana Beatriz como directora de Control y Evaluación de Proyectos.

También acusaron a la jueza María Belém Olivares Lobato, quien metió a laborar a su hermana Sandra Nelly como jefa del Instituto de Estudios Judiciales; mientras la jueza María Alicia Ortiz Márquez colocó a su esposo Alejandro Ramírez Cante como juez de Chignahuapan, y a su hermana Silvia como secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros.

Continuaron que la jueza María de Lourdes López Herrera negoció para que su hermano Luis fuera nombrado jefe de Recursos Materiales del Tribunal del magistrado Joel Daniel Baltazar Cruz, quien a su vez metió a laborar a su hijo José Daniel Baltazar Ávalos, como jefe de Causa del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución en el municipio de Libres.

Sostuvieron que los casos involucran por igual a magistrados, jueces, funcionarios, diligenciarios y mecanógrafas, quienes -afirmaron- violentan los derechos y la antigüedad de quienes por años han laborado en el Poder Judicial, y con el pretexto de que no hay plazas vacantes, se les niega el derecho a obtener una base.

Al final se pronunciaron en contra del cobro de copias certificadas de los expedientes, aprobado por el Congreso del estado y puesto en marcha por el Tribunal Superior de Justicia en todos los juzgados y salas, a partir de marzo de este año.

Arguyeron que este cobro indebido afecta la economía de las personas que tramitan algún juicio, convirtiendo a los juzgados en oficinas recaudadoras de ingresos del estado.

Anunciaron que acudirán al Congreso del estado para solicitar se eche abajo este cobro como ya ocurrió en la entidad vecina de Tlaxcala, y se deje de encarecer la justicia que no cuenta con la confianza de los ciudadanos y que se encuentra en el último lugar de los estados del país.

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