La posibilidad de tener acceso a cuidados integrales para una vejez digna es un beneficio con el que pocas personas de 60 años y más, con o sin familia, pueden contar, según lo revela la investigación que hoy presentamos, donde la erogación que debe hacerse para estar en una casa de atención que permita a los adultos mayores mantenerse en un buen estado de salud física y emocional rebasa las posibilidades de gran parte de las familias.
Por el momento, las opciones para la atención del adulto mayor son privadas, sin alternativas públicas de atención de tiempo completo que permitan enfrentar el crecimiento de este grupo de población y sus necesidades.
En gran parte de los casos son las familias las que se hacen cargo de la atención; sin embargo, se ha vuelto más complicado el cuidado, asociado a la necesidad que tienen todos los miembros de una familia de trabajar para subsistir, frente a la atención que requiere el adulto mayor, más aún frente a las discapacidades que se van desarrollando producto de la edad y las enfermedades.
Si a lo anterior le agregamos la situación de precariedad e informalidad en que se desenvuelve la mayor parte de la sociedad, podemos comprender la dificultad del cuidado y también el abandono al que están sometidos una gran parte de adultos mayores, a pesar de que exista una legislación que los protege.
En el artículo 4 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores, se dice que este sector de la población tiene derecho a vivir con decoro, honor y respeto, libre de cualquier forma de violencia física, verbal o económica que ponga en peligro su vida, salud y/o patrimonio; sin embargo, la pregunta es cómo se logra esa vejez digna, cuando las mismas familias no tienen condiciones para brindar la asistencia y el Estado todavía no ha asumido la responsabilidad social que le compete.