La separación del poder político del poder económico es un principio fundamental en cualquier democracia sólida e implica garantizar que los intereses del capital no determinen las decisiones gubernamentales. En México, y en muchos otros países, esta separación, a menudo, se ve comprometida por la influencia de las grandes corporaciones y grupos de interés en la toma de decisiones del sector público.
En México, la concentración de riqueza y poder en manos de unos cuantos, ha llevado a una distribución desigual de recursos y oportunidades en detrimento de la mayor parte de la sociedad. Por ello, la separación del poder político del poder económico adquiere relevancia en medio de la lucha contra la desigualdad, la corrupción y la búsqueda de un gobierno transparente e independiente de la oligarquía financiera. Por esas razones y muchas más, la separación del poder económico del poder político es crucial si se quiere evitar situaciones de corrupción, abuso de poder y garantiza que las decisiones gubernamentales se tomen en beneficio de los grupos más vulnerables de la sociedad. En países como Dinamarca, Suecia y Noruega se han implementado políticas que reducen la influencia de intereses corporativos en la toma de decisiones gubernamentales, lo cual ha permitido un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza y una mayor confianza en las instituciones democráticas.
En México, la política redistributiva seguida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha permitido a millones de personas salir de la situación de pobreza y aumentado la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. La Cuarta Transformación, ha tenido, entre otros objetivos disminuir la concentración de poder económico mediante una exitosa estrategia de austeridad del aparato gubernamental, la eliminación de privilegios fiscales, el combate contra la corrupción y, lo que ha sido fundamental, la promoción de programas de bienestar social. Sin embargo, persisten desafíos considerables que deben ser abordados mediante la continuidad de la política de redistribución de la riqueza y el ingreso.
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Ciertamente, la oligarquía financiera se opone a esta política que le resta poder para influir en las decisiones gubernamentales y, por tanto, la resiste oponiéndose a los esfuerzos realizados para lograr una estructura que salvaguarde, por ejemplo, el presupuesto federal que siempre se elaboró en razón de los intereses del capital. Por otro lado, la vigilancia ciudadana y la participación activa son fundamentales para asegurar que los avances logrados en esta política sean sostenidos.
Finalmente, aunque el país, durante el gobierno de AMLO, ha dado pasos firmes y considerables en la separación del poder político y el poder económico, aún hay un largo camino por recorrer. Es necesario seguir trabajando en la instrumentación de políticas que promuevan la transparencia, la justicia y la equidad en todas las áreas de la vida pública y privada. Sin duda, la lucha por la separación del poder político del poder económico es un proceso permanente y políticamente complejo.
Por fortuna, Claudia Sheinbaum cuenta con el apoyo de una ciudadanía informada y empoderada que le permitirá seguir transformando un país en el que la influencia económica no suprima la voluntad del pueblo y se promueva un desarrollo integral, sostenible y para todos.
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