El gobierno del estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta Mier, emitió un comunicado oficial ratificando su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, luego de que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial impusiera una multa y sanción histórica a la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro.
El mensaje del gobierno estatal fue contundente: “En el Estado de Puebla, nadie está por encima de la Ley”, luego de destacar que ninguna persona, institución o exservidor público, sin importar su posición o militancia, puede eludir la responsabilidad de actuar conforme a derecho.
La postura gubernamental se da en respuesta directa a la sentencia emitida el pasado 30 de septiembre, que declaró a Castro Corro “plenamente responsable” de desvío de recursos públicos y abuso de funciones, así como a un segundo exservidor público del que se omite el nombre.
La causa de la sanción es la polémica inversión de más de 604 millones de pesos del erario en Accendo Banco, institución financiera que se declaró en quiebra meses después.
La sentencia incluye una multa por pago de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos por concepto de “indemnización”, lo que representa el 60 por ciento del quebranto total a las arcas públicas.
Además, de una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier cargo público, debido a que el daño patrimonial excede las doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sin embargo, no se habla de que haya incurrido en delitos penales.
“No hay persecución”
El comunicado oficial asegura que la administración actúa con determinación frente a cualquier posible delito o comportamiento ilícito, siempre bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
“Nuestra postura es clara y firme. En Puebla no hay persecución, pero tampoco se incurre en omisiones. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, enfatiza el texto, en lo que parece ser una respuesta a cualquier crítica de politización del proceso.
La sentencia, que fue emitida por cuatro magistrados ponentes –incluyendo a Martín Fuentes Morales, señalado por medios locales de tener lazos con el actual grupo en el poder–, ocurre mientras la exsecretaria también es investigada por otras posibles anomalías financieras.
Estas incluyen el depósito de aproximadamente 6 mil 800 millones de pesos en el bróker -intermediario financiero- Fóndika y las omisiones correspondientes a una pérdida de litigio contra la autoridad fiscal por 2 mil 600 millones de pesos.
El gobierno concluyó reafirmando su “respeto absoluto a la Ley” y su “compromiso inquebrantable hacia el pueblo de Puebla”.
