El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) impuso multas por un monto total de 2.28 millones de pesos a la empresa Concesiones Integrales de 2014 a 2021, lo que equivale únicamente a 0.11 por ciento de los ingresos reportados por la firma en 2024, que ascendieron a 2 mil 46 millones de pesos, según información remitida por el organismo a diputados locales antes de la presentación de su director, Gustavo Gaytán Alcaraz, ante el Congreso estatal en octubre pasado.
La mayoría de las sanciones económicas fueron dictadas por deficiencias en la calidad del agua, continuidad del servicio, drenaje, saneamiento y atención a usuarios. No obstante, en los periodos de mayo de 2016 a abril de 2017 y de mayo de 2017 a abril de 2018 —durante las administraciones morenovallistas— no se aplicaron multas, ya que, según el Soapap, las observaciones fueron solventadas en tiempo y forma. El reporte entregado a los legisladores únicamente abarca los primeros ocho años de la concesión, dejando fuera registros de los tres años más recientes, lo que evidencia una entrega parcial de la información.
Destaca que el tercer acuerdo modificatorio entre el gobierno estatal y la concesionaria, firmado en marzo de este año, establece la posibilidad de imponer sanciones de hasta 25 millones de pesos a partir de 2025 por faltas equiparables a las hasta ahora sancionadas con montos bajos.
La multa más alta de la que se tiene constancia corresponde al octavo año de concesión (mayo de 2021 a abril de 2022), aplicada durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, por 682 mil 609 pesos, debido a fallas en el suministro y calidad de agua, servicio continuo, micromedición, padrón de usuarios y coberturas de drenaje y saneamiento, así como por tiempos de respuesta a las quejas de más de 400 mil usuarios. Llama la atención que el pago de todas las sanciones se realizó a una cuenta del Grupo Financiero Banorte, propiedad de la familia Hank, también inversionistas de la concesionaria.
La segunda sanción más alta ocurrió en el segundo año de la concesión (16 de mayo de 2015 al 15 de abril de 2016), por 418 mil 497 pesos, atribuida a la reincidencia en la entrega extemporánea de informes de desempeño. Dicha falta fue calificada como leve por el organismo.
En el séptimo año de la concesión (mayo de 2020 a abril de 2021), la empresa fue multada con 414 mil 227 pesos por incumplimientos similares, mientras que en el sexto año (primero del gobierno de Barbosa) se le sancionó con 363 mil 268 pesos por irregularidades consideradas leves.
La quinta multa más alta (284 mil 497 pesos) corresponde al primer año de la concesión, derivada de la omisión en la entrega de reportes trimestrales. A pesar de que la concesionaria está obligada a entregar estos informes, la falta fue clasificada nuevamente como leve.
En el quinto año contractual (mayo de 2018 a abril de 2019), la empresa recibió una multa de 136 mil 874 pesos por deficiencias en la calidad de agua suministrada, servicio y drenaje, así como en los reportes de gestión y atención a reclamaciones.
Durante el periodo de mayo de 2016 a abril de 2018, que abarca los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali, no se aplicaron sanciones, pese a detectarse irregularidades como la falta de instalación de medidores de flujo en plantas de tratamiento; de acuerdo con el Soapap, las fallas fueron solventadas.
