Colectivos feministas identificaron a 47 servidores públicos que, aseguraron, han ejercido violencia de género, debido a que, con su desempeño deficiente perjudicaron la impartición de justicia hacia las mujeres.
Las inconformes citaron nombres de agentes investigadores, peritos en psicología, agentes del Ministerio Publico (MP), de jueces de control tanto locales como federales, así como de fiscales especializados de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de alcaldes pues indicaron que sus actuaciones han sido contrarias a los derechos de mujeres y de sus hijos.
Las feministas, principalmente pertenecientes a la Fundación Sorora Mujeres en Desarrollo A.C. realizaron una protesta en inmediaciones de Ciudad Judicial, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este 25 de noviembre.
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Las mujeres se refirieron de manera particular a Luis Armando Juárez Valencia, director del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), pues afirmaron que ha obedecido a intereses ajenos a los derechos de las infancias y ha obstaculizado la convivencia de madres e hijos.
Fustigaron el comportamiento de los servidores públicos en cuestión al asegurar que han propiciado daños psicológicos en menores de edad, y con altavoz en mano, enlistaron los nombres de 47 funcionarios públicos bajo la consigna de “la falta de justicia tiene nombre y apellidos”.
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En ese sentido, se refirieron al gobernador electo Alejandro Armenta Mier para que intervenga en la situación pues indicaron que tienen procesos penales estancados ante intereses de presuntos infractores que han sobornado a servidores públicos.
“Contamos con los detalles de las arbitrariedades que cada agente, cada juez, secretaria, psicólogo, cometió en contra de las usuarias de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como del DIF estatal. Estamos aquí porque nos consta el dolor y el agravio que aún vive cada mujer a la que maltrataron, estamos aquí en ocasión del 25 N, en contra de la violencia institucional”, expresaron.
Las mujeres indicaron que conformarán un comité que, de manera permanente, solicitará a los tres Poderes del Estado el cese a la violencia institucional mediante protestas y solicitudes de reuniones constantes.
“Se ejerce violencia institucional desde extraviar un expediente, hacer esperar horas y horas a las víctimas para tomarles la declaración, a niños y niñas para poder entrevistarlos y sin protocolos adecuados, además de cuestionar la moralidad de las mujeres víctimas de violencia”, reiteraron.
En tanto que, por la tarde de este lunes, familiares de víctimas de feminicidio, así como mujeres que sobrevivieron a un intento de asesinato, marcharon por calles del Centro Histórico hasta llegar a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que los casos no queden en el olvido ni en la impunidad.
“No nos alcanza un día para hablar de las cifras porque el daño es mucho, es histórico, es continuo y es diario, es abrumador y siempre está presente”, acusaron.