Sábado, septiembre 18, 2021

Mantiene control Moreno Valle sobre nuevo Instituto de Transparencia

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El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla absorbió en su totalidad la estructura administrativa de la desaparecida Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), incluidos los tres comisionados que la encabezan, dos de ellos acusados de proteger al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas con sus resoluciones, por lo que el mandatario mantiene control del organismo.

El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Puebla, Rafael Hernández García Cano, señaló que la diferencia entre la CAIP y el nuevo organismo es que las resoluciones de este último podrán recurrirse ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y, posteriormente, en el Poder Judicial de la Federación, lo que dará mayores garantías de imparcialidad.

La creación del instituto responde a la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia del estado, la cual lo concibe como “un organismo público autónomo, independiente, especializado, imparcial, colegiado y de carácter permanente”. Según el artículo 23 de la normativa antes mencionada, es responsable de promover, difundir y garantizar en el estado y los 217 municipios, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

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Fregoso y Sierra, con la que el gobierno mantiene control del órgano garante

 

Al frente del instituto se encuentran el comisionado presidente José Luis Javier Fregoso Sánchez, electo en 2010, así como las comisionadas Norma Pimentel Méndez y María Gabriela Sierra Palacios, designadas en 2012 y 2014, respectivamente. Todos bajo un mandato de seis años.

En la CAIP, Fregoso y Sierra frenaron con su mayoría diversas solicitudes de información en las que se encontraba involucrado el gobierno estatal. Ambos tienen vínculos con el partido el poder en Puebla, por lo que, a través de ellos, Moreno Valle mantiene control del órgano garante.

José Luis Javier Fregoso fungió como asesor de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y actual secretaria general del PAN, mientras Gabriela Sierra fue directora de Procesos Internos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y se le identifica como ex colaboradora de la diputada de Acción Nacional Patricia Leal Islas.

En tanto, Norma Pimentel, quien fue titular de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de San Pedro Cholula, ha asumido una postura más jurídica en el desempeño de su cargo.

La permanencia de los tres comisionados se garantizó en el artículo cuarto transitorio de la ley, donde se determina que los empleados que laboren en la CAIP se incorporarán al instituto de transparencia, respetando su antigüedad, así como los derechos adquiridos de los que disfrutan.

Es posible que Fregoso prorrogue su tiempo en la presidencia, ya que la nueva ley no establece ninguna limitante en ese sentido, aunque la anterior normativa establecía que la siguiente en el cargo sería Norma Pimentel.

 

Remoción de comisionados solo a través de un juicio político

 

La nueva Ley de Transparencia determina en su artículo 36 que los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla podrán ser removidos de su cargo mediante juicio político, en caso de incurrir en faltas administrativas graves y hechos de corrupción.

La normativa faculta al organismo autónomo a imponer medidas de apremio y sanciones para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información e interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales.

Además, señala que el presidente del instituto deberá entregar anualmente al Congreso del estado un informe que deberá incluir por lo menos estadísticas sobre solicitudes de acceso y los recursos de revisión recibidos y resueltos; así como el estado que guardan las denuncias presentadas por el incumplimiento de la ley.

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