Miércoles, febrero 12, 2025

Diputado de Morena quiere criminalizar la protesta social en Puebla con cárcel por bloqueos viales

El diputado de Morena Fernando Sánchez Sasia propuso al Congreso de Puebla una reforma que criminalizaría la protesta social, al imponer hasta cuatro años de prisión a los manifestantes que bloqueen vías públicas.

Al exponer su iniciativa ante el pleno, en la sesión ordinaria de este 4 de julio, el legislador del partido gobernante  señaló que “el medio para la solución de conflictos no debe ser el cierre de vialidades, sino el diálogo, la prudencia y el respeto a terceros”.

Detalló que decidió presentar el proyecto por las protestas del 28 de junio pasado que se registraron en la zona metropolitana de Puebla, una de las cuales derivó en el cierre de la autopista México-Puebla durante siete horas, para exigir el pago a transportistas que participaron en la construcción del Tren Maya.

“No podemos justificar, todos los afectados en estas circunstancias, el hecho de que se tenga que bloquear el libre tránsito de todos los mexicanos, debido a protestas que tal vez sean válidas y justificadas”, expuso.

Agregó que cada vez son más recurrentes en el estado las manifestaciones que involucran el cierre de vialidades, lo que implica que sea cada vez mayor el número de afectados.

Hasta los bloqueos parciales serían delito  

La iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 188 del Código Penal del estado, a efecto de que se imponga de tres días a cuatro años de prisión “a quienes por sí mismos o con la ayuda de medios materiales, de transporte, de carga o similares, bloqueen, cierren, detengan, limiten, desvíen o intercepten el tránsito vehicular en en vías públicas”.

Asimismo, se sugiere imponer una multa que puede ir de tres hasta 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale a 325.71 pesos y 3 mil 257.1 pesos, respectivamente.     

En el Código Penal vigente, el artículo 188 contempla las mismas sanciones por el retiro de señales, dispositivos o marcas de señalamiento, utilizadas para la seguridad del tránsito en caminos públicos; destrucción, deterioro u obstrucción de las citadas vías de comunicación; y por debilitar, por cualquier medio, un puente, haciéndolo inseguro.  

Sánchez Sasia afirmó que “existe una gran diferencia” entre obstruir las vías de comunicación y los conceptos que contiene su iniciativa, por lo que convocó a sus pares a aprobar la propuesta antes de la conclusión de la LXI Legislatura el 14 de septiembre próximo. 

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