La fracción de Morena en el Congreso del estado presentó este jueves una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea que médicos puedan negarse a practicar un aborto en Puebla por “objeción de conciencia”; no obstante, dicha figura fue invalidada en 2021 de la Ley General de Salud por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que limitaba la interrupción legal del embarazo, por lo que de concretarse en la entidad significaría un retroceso en el tema del aborto y una concesión a la iglesia Católica.
La iniciativa, impulsada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, señala que “el personal médico y de enfermería del sistema estatal de salud podrá ejercer de manera personal el derecho de objeción de conciencia, consistente en la imposibilidad de realizar algún procedimiento médico, cuando se oponga de forma directa, auténtica y grave contra sus convicciones”. Sin embargo, delimita que este derecho no se podrá ejercer “cuando la vida de la persona usuaria esté en riesgo, le produzca secuelas o discapacidades, implique urgencia médica o no exista alternativa viable o accesible para la atención”.
La reforma añade, en el artículo 33 Bis, que el personal objetor debe abstenerse de emitir juicios que discriminen o vulneren la dignidad de la persona usuaria, así como de persuadir para evitar la prestación del servicio. Además, tiene la obligación de canalizar de inmediato a la persona con personal no objetor de la misma institución y notificar la decisión a su superior, para no dilatar la atención.
Durante la presentación, acompañada por organizaciones a favor del derecho a decidir, Salvatori Bojalil aclaró que la objeción de conciencia nunca deberá ser motivo para negar o retrasar la prestación del servicio. Recalcó que las instituciones de salud deberán contar con suficiente personal no objetor o, en su defecto, gestionar de inmediato el traslado a algún hospital que pueda brindar la atención adecuada de manera accesible y oportuna.
No obstante, la SCJN invalidó en 2021 una reforma similar de la Ley General de Salud bajo el argumento de que su redacción abría la puerta a abusos y permitía que convicciones personales privaran el derecho de las mujeres. En aquella ocasión, los exministros Arturo Zaldívar y Margarita Ríos Farjat enfatizaron que dejar vigente el artículo sobre objeción era incongruente con el reconocimiento de los derechos reproductivos y podría restringir el acceso a servicios médicos esenciales.
En la conferencia de prensa realizada este jueves, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, anticipó que la iniciativa será discutida y eventualmente votada en un lapso de tres semanas. Por su parte, Cinthya Ramírez Rodríguez, integrante de REDefine Puebla, advirtió que la reforma también formaliza el uso de medicamentos antes de las 12 semanas de gestación para la interrupción, sumándose a otros métodos como el legrado, que, según la Organización Mundial de la Salud, puede acarrear más riesgos médicos.
Ramírez Rodríguez informó que entre enero y abril de este año se realizaron mil 579 abortos en Puebla, equivalente a 13.1 por día en promedio, de los cuales el 44.8 por ciento se practicó mediante legrado, procedimiento considerado riesgoso en términos sanitarios internacionales.
La activista María Fernanda Ramírez apuntó que actualmente los servicios de interrupción legal del embarazo solo se prestan en seis hospitales del estado, con un notable déficit ante la demanda: Hospital de la Mujer, Hospital General zona 20 La Margarita del IMSS, unidad regional del ISSSTE, hospital de especialidades del ISSSTEP (todos en la capital), así como en el hospital general de Cuautlancingo y el hospital de la Mujer de Tehuacán.
