La reforma electoral del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que busca prohibir todo tipo de propaganda electoral en transporte público y taxis se motiva en la práctica que caracterizó a los gobiernos del PRI y el PAN de monopolizar, con base en amenazas y sanciones, ese medio de promoción a favor de sus candidatos y vetarlo a los aspirantes de oposición.
Las elecciones por la gubernatura de 2010, 2016 y 2018 fueron ejemplo de esa práctica, de acuerdo con una revisión hemerográfica efectuada por La Jornada de Oriente, en la que se encontraron acusaciones recurrentes de que los transportistas negaron los espacios a los adversarios del partido en el poder.
El primero en denunciarlo fue el exgobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas en su fase de candidato al Poder Ejecutivo local en la elección de 2010 y una nota informativa de este medio de comunicación dejó constancia de eso.
En abril de 2010, el entonces presidente estatal de Acción Nacional, Juan Carlos Mondragón Quintana, acusó al jefe de supervisores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Rufino Rodríguez Soledad, de haber amenazado a los concesionarios de 24 unidades que portaban propaganda a favor de Moreno Valle.
De acuerdo con el relato de Mondragón, Rufino Rodríguez se comunicó vía telefónica con los afectados en la que les manifestó que “si tanto quieren el dinero de la publicidad, ahí está la campaña de Javier López (Zavala)”, quien compitió por la gubernatura ese año tras encabezar las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación en la administración del exmandatario del PRI Mario Marín Torres.
Mondragón responsabilizó a Marín de cualquier cosa que pudiera pasarle a los transportistas que respaldaron a Moreno Valle, luego de que fueron objetos de multas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Moreno Valle aprovechó la práctica que le perjudicó
Como titular del Poder Ejecutivo local, Moreno Valle no eliminó la práctica que le perjudicó como abanderado, pues su gobierno enfrentó el mismo señalamiento de recurrir a amenazas para garantizar que el transporte público difundiera de manera exclusiva propaganda electoral del candidato albiazul que lo sucedió en el cargo, Antonio Gali Fayad.
En la elección de 2016, la denuncia provino del PRI y se realizó en una conferencia de medios en mayo de ese año que encabezaron Carolina Monroy del Mazo y Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes ocupaban los cargos de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Los dirigentes priistas aseguraron que la candidata al Poder Ejecutivo local, Blanca Alcalá Ruiz, hizo frente a una elección de Estado, y como prueba Monroy aseguró que “de cada 100 vehículos de transporte público que circulan en el estado de Puebla, los 100 portan la propaganda del candidato panista”.
La entonces secretaría general del CEN detalló que a Blanca Alcalá le fue imposible contratar espacios para publicidad desde que inició con su campaña electoral, ya que “todo estaba cerrado para ella; le fue imposible colocar propaganda publicitaria en el transporte público, llámese camiones de pasajeros o taxis”.
En 2018, Barbosa ofreció terminar con las presiones
En la elección de 2018 se repitió la historia, esta vez a favor de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle que buscó la gubernatura por el PAN, y en contra de Luis Miguel Barbosa, quien compitió como candidato de la coalición Morena-PT-PES.
El 5 de junio de ese año, Barbosa sostuvo una reunión con transportistas en medio de denuncias que llegaron a los medios de comunicación de que los trabajadores del volante fueron amenazados con el retiro de la concesión si no accedían a colocar la propaganda de Alonso. Barbosa se comprometió con ellos a terminar esa presión.
El miércoles pasado, el Congreso de Puebla dio entrada a una iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado que envió Barbosa para prohibir la colocación, fijación, pinta o adhesión de propaganda electoral de partidos políticos y personas candidatas en taxis, autobuses, microbuses, camionetas de pasajeros y todo vehículo del Servicio Público de Transporte de pasajeros, el Servicio Mercantil, los Servicios Auxiliares y el Servicio Ejecutivo, así como en sus respectivas terminales, sitios, bases u oficinas.
De acuerdo con el proyecto, que se turnó a comisiones para su revisión, también se busca prohibir la colocación en transporte público de portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios y cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elemento que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o político.