Un riesgo latente viven las comunidades indígenas de Puebla que tienen dentro de sus territorios concesiones para la explotación de minerales, más si son permisos a empresas canadienses, pues las mineras de ese país no respetan los derechos de los pueblos indígenas.
Así lo aseveró Jen Moore, coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canada, una organización sin fines de lucro asentada en Ottawa, que se centra en las políticas públicas y prácticas mineras de su país.
Moore conoce bien el caso de Puebla, pues empresas de su país mantienen 68.7 por ciento de las 440 concesiones mineras que existen en la entidad; es decir, cerca de 308 permisos para explorar y luego explotar extensiones de tierra.
En entrevista vía correo electrónico sobre la situación que vive Puebla, Moore reveló que el principal riesgo es que el gobierno de Canadá no respeta el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, pues ese país no es signatario al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas, además demoró cuatro años hasta firmar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
A pesar de que firmó esta declaración, no la considera vinculante y ni el gobierno federal ni los gobiernos provinciales han establecido mecanismos claros para asegurar que las obligaciones estipuladas por la declaración se cumplan.
Y una de las razones que justificó Canadá para dilatar la aprobación de la Declaración es porque el país no quiere respetar el derecho de los pueblos indígenas a decir no a un proyecto, aseguró la defensora de los derechos de los pueblos.
Ahora bien, eso ha sucedido en Canadá, pero bajo ese régimen quedaron acostumbradas a trabajar las mineras.
Activistas canadienses defienden a indígenas mexicanos
La activista explicó que Mining Watch Canada tiene presencia en centro y Sudamérica para prevenir a los pueblos de América de los abusos de sus connacionales. Es así que los defensores viajan a las comunidades afectadas para documentar los casos y luego regresan al su país para ejercer presión sobre los accionistas de la empresa y representantes del gobierno canadiense.
Incluso a través de medios de comunicación de ese país difunden y exhiben los abusos que cometen las empresas en territorios extranjeros, en ocasiones apoyados por los países en donde llegaron a establecerse y en el caso de México, con el respaldo del Tratado del Libre Comercio (TLC).
“Desde mi punto de vista, los TLC sirven como un candado para que las empresas puedan imponer sus intereses cuando los estados toman decisiones que a las empresas no les gustan”, señaló.
Como parte de su trabajo en México han encontrado que a pesar de las claras violaciones de los derechos del ejido y de los trabajadores, que la empresa actúa con impunidad con el fuerte respaldo de los gobiernos mexicano y canadiense.
“Por otro lado, vemos una gran asimetría en cuanto a la rendición de cuentas de las empresas y de los gobiernos en cuanto a las violaciones sistemáticas de los derechos colectivos e individuales de las comunidades afectadas por la minería”, dijo.
Actualmente, escribió, no hay mecanismos efectivos para esto y hay una fuerte colusión entre gobiernos y empresas para imponer sus intereses. Esta impunidad es otra razón que muchas comunidades están rechazando la entrada de la minería antes de que se desarrolle un proyecto en sus tierras y territorios”.
“Hemos participado en una queja ante el gobierno canadiense bajo los términos de las directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para las empresas multinacionales por los abusos en contra del ejido y los trabajadores, y hemos trabajado para visibilizar el caso en los medios canadienses”, dijo la internacionalista.
En México, Mining Wacht ha documentado los “abusos sistemáticos” de la actuación de empresas como Gold Corp y Excellon Resources en contra del ejido La Sierrita y los trabajadores del local 309 en Durango.
En el caso de Puebla, la organización canadiense ha seguido el caso de resistencia del pueblo de Ixtacamaxtitlan en donde la empresa Almaden Minerals pretende imponer un modelo colonialista, basado en mentiras y violaciones a la ley, para ejecutar su proyecto extractivo, como lo describió la coordinadora del programa para América Latina.
Señaló que así como Ixtacamaxtitlan, hay varios otros ejemplos en el continente de la resistencia de los pueblos indígenas en contra de estos proyectos que amenazan con la destrucción de sus lugares sagrados y las aguas y tierras de las cuales dependen, y en donde, como resultado de su lucha, han tenido que enfrentar la criminalización y las demandas en su contra por haberse defendido en contra del poder económico y político de las empresas mineras.
“Hay casos en la región actualmente en donde, por ejemplo, Pacific Rim Mining, recientemente comprado por OceanaGold, está demandando al El Salvador por 301 millones de dólares por no haber otorgado un permiso de explotación a la empresa”, ejemplífico.
Concesiones en Puebla por país
De acuerdo con la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en territorio poblano existen 440 concesiones mineras que abarcan 331 mil 739 hectáreas de todo el estado y representan más del 10 por ciento de la superficie total de la entidad.
Del total de las concesiones, 68.7 por ciento las tienen empresas originarias de Canadá, 16.8 de México, 7.3 de Estados Unidos y 5 por ciento de Suiza, pero también existen títulos de concesión a particulares originarios de China, Francia, Irlanda e Italia.
Sí el total de concesiones mineras en Puebla se ve desde la óptica de empresas, la canadiense Almaden Minerals mantiene 60.37 por ciento de los títulos, le sigue con 8.27 por ciento, el grupo minero chino Jinduicheng Molybdenum Group.
Según la información obtenida por Poder, existen otras 26 empresas mineras más, dentro de las que destacan las mexicanas Grupo Ferrominero y Frisco, pero también esta Peñoles, Gold Corp, Maffesi Kaluz, por mencionar algunas.