A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por descriminalizar a Miguel López Vega y de que el gobierno del estado, cuyo titular es Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que se retirarían los cargos en su contra, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Gilberto Higuera Bernal, persiste en criminalizar al ambientalista y no solo no ha cancelado la causa en su contra, sino que pretende volver a fincarle delitos.
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Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, dieron a conocer un comunicado señalando que, tras casi cumplirse un mes del “otorgamiento de perdón” de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS) en “favor” de Miguel López Vega, el Ministerio Público (MP) determinó que no es procedente el restablecimiento indemnatos (figura legal en que enmarcaron la procedencia del supuesto perdón del organismo oficial) para dejar libre de cargos al activista, por lo que se le formularía nuevamente la imputación por los delitos de ataque a los medios de transporte por una camioneta quemada con una supuesta bomba molotov y obstrucción de obra pública.
Por esa razón, las organizaciones convocaron a una manifestación el próximo miércoles, a partir de las 12 del día en la Casa de Justicia de Cholula, cuando se celebrará la audiencia en que se pretende volver criminalizar a Miguel López Vega.
En el comunicado, dado a conocer en la página de facebook del periódico La Flor, las organizaciones señalan que “después de la ridícula sentencia de apelación que ordenó reponer el procedimiento de Miguel porque la CEAS señaló apenas enterarse dos años después de su libertad y reclamar su derecho a participar en la audiencia”.
Recuerdan que se interpuso un juicio de amparo contra esta sentencia porque se viola las garantías del imputado a las condiciones de validez de la audiencia inicial establecidas en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo amparo hoy impide que a López Vega lo puedan encarcelar, pero no exime la posibilidad de que lo vinculen a proceso de manera injusta por los dos delitos que, desde el 26 de enero de 2020, la jueza Mirian Huerta Lechuga determinó inexistentes, por falta de pruebas.
También rememoran que, previo a celebrarse la audiencia inicial del proceso, el 29 de marzo pasado, “esta no se llevó acabo porque la CEAS de manera sorpresiva y completamente contradictoria a su anterior pretensión, ahora benevolente gracias a la gran solidaridad y denuncia social que se expresó en el caso de Miguel, señala otorgar su más amplio y cumplido perdón por declararse completamente reparada en el daño, pero el MP pidió 10 días para revisar la procedencia del perdón”.
No hay que olvidar que, al día siguiente, el 30 de marzo, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera pidió por la libertad absoluta de Miguel López Vega y su compañero de lucha, Alejandro Torres Chocolatl.
“Pero el Estado solo quería tiempo para que disminuyera la atención nacional e internacional en el caso y volver a criminalizar”, aseguraron las organizaciones defensoras de la tierra en el posicionamiento que dieron a conocer esta mañana.
El 31 de marzo el Ministerio Público señaló mediante el oficio FZ/LITI/58/2023 que tras el perdón otorgado por la CEAS se permitió “concluir que efectivamente la presente causa solo podrá subsistir por los hechos y clasificación jurídica de ataque a las vías generales de comunicación” señalando que “sólo continuará con el ejercicio de la acción penal por el hecho que la ley señala como delito de ataque a las vías generales de comunicación”, ante lo cual el Juez de Control le dio tres días al Ministerio Público para que en términos del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales decretara el no ejercicio de la acción penal en favor de López Vega por los 2 delitos objeto del perdón. “En lugar de ello, el pasado 21 de abril el mismo MP determina de manera claramente contradictoria que no procede el restablecimiento indemnatos por lo que se señala el 26 de abril para que a Miguel le formulen imputación sobre estos dos delitos, en los que ya dos veces ha sido supuestamente librado”, denunciaron.
“La insistencia en enjuiciar a nuestro compañero, raya en lo absurdo, ridículo e indignante, ningún castigo para el gobierno represor y CEAS corrupta contra los actos que hicieron a la comunidad de Santa María Zacatepec, pero mantienen con contradicciones ilegales, comprobables y evidentes la criminalización de autoridades tradicionales y comunicadores indígenas de la comunidad de Santa María Zacatepec”, aseveraron.