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Al señalar que el “nuevo modelo” del Museo Internacional del Barroco (MIB) está listo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta refirió que las pasadas administraciones estatales dejaron “un modelo jurídico de un nivel de complejidad terrible” que depositó en manos privadas este bien estatal.
Como parte de su habitual conferencia virtual, expuso que el proyecto de rescate del inmueble construido e inaugurado en febrero de 2016 por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, va “muy avanzado” aunque hay asuntos, como la modificación de la concesión, que necesitan mayor atención.
“Los controles de las decisiones no están en manos del gobierno, están en manos de empresas. Entonces estamos en diálogo con las empresas para poder generar nuevas condiciones de funcionamiento”, dijo Barbosa Huerta.
Incluso, el titular del Ejecutivo mencionó que el MIB, dado sus características operativas y administrativas, “debería ser declarado un territorio que no es Puebla: es otra cosa, Puebla no existe”.
Acotó que en el proyecto de creación del nuevo modelo del MIB participa una “comisión intersecretarial” pues es un asunto que requiere una atención conjunta,
En octubre pasado, el gobernador Luis Miguel Barbosa señaló que el mantenimiento mensual del MIB significaba 35 millones de pesos para el erario estatal.
Asimismo, expuso que la construcción del MIB bajo el impulso de Moreno Valle había significado para Puebla una deuda por 10 mil millones de pesos, los cuales deben ser cubiertos en un plazo de 30 años.
“Teníamos que tener un gran museo, ahí van 10 mil millones de deuda y hoy tenemos que estar pagando por casi 30 años, 35 millones de pesos al mes y ahora ese museo no tiene acervo”, dijo entonces.
Denunció además que la constitución de un fideicomiso para que el museo contara con acervo fue aprovechado por exfuncionarios morenovallistas para hacerse de recursos económicos y piezas históricas de manera ilegal.
Destaca que el MIB abrió en febrero de 2016, y es administrado por una empresa privada, la operadora Mubasa (Museo del Barroco SA), a la cual se le paga el monto de 35 millones de pesos mensuales, que utiliza casi todo el recurso para pagar la deuda heredada por el gobierno morenovallista.