El día de hoy en su comparecencia en el Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de México presentará formalmente una segunda demanda en contra de fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos.
Entre los diversos temas que trató el canciller en el Senado, uno de los primeros en abordar fue el del control de armas que llegan de manera ilícita procedentes del país norteamericano.
Señaló que desde enero del 2020 hasta la fecha, las autoridades mexicanas han decomisado un total de 55 mil 996 armas, 21 mil 430 de alto calibre. Esta cifra supera a la de unidades adquiridas en un año por la federación para los cuerpos armados del país (policía y ejército).
Esta demanda se presentará ante un juzgado en el estado de Arizona, así lo comunicó el secretario, además de indicar que ya se tienen identificados 10 condados de donde provienen el 60 por ciento de armas largas que llegan al país ilegalmente.
A diferencia del primer reclamo, éste se dará en el contexto después de que se hizo una legislación bipartidista en Estados Unidos, donde se instituye como delito federal a quienes sirvan de prestanombres para el tráfico ilegal de armamento, de igual forma que se podrá juzgar a quienes adquieran armas que estén destinadas a delincuentes.
Desde agosto del año pasado, el gobierno federal presentó una demanda en un juzgado estadounidense. En dicho recurso legal se argumentó que el arribo de armamento representaban un daño para la seguridad, por lo que responsabilizaba de prácticas de comercio negligentes a los fabricantes y distribuidores estadounidenses.
No obstante, y aunque se reconoció la competencia que tienen los acusados en el tráfico de estas, la demanda fue desestimada la semana pasada por un tribunal en Boston, Massachusetts, argumentando que la ley prohíbe juzgar a los fabricantes de armas si sus productos caen en manos de grupos de delincuencia organizada.
Por su parte, los fabricantes sostienen en que ellos siguen los protocolos de su país para la comercialización de sus activos, además de que ellos priorizan los intereses de Estados Unidos ante los intereses que presentó México ante el juzgado.
La cancillería informó que apelará la decisión y que exigirá un comercio más responsable y regulado, a fin de evitar que estas armas lleguen a territorio mexicano.