Este año, se pondrá a consulta en México la implementación del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada de las Naciones Unidas, conocido como REDD+, el cual consiste en la protección de recursos forestales para que estos sean utilizados para reducir las emisiones contaminantes.
La implementación de esta iniciativa implicaría el reconocimiento del papel prioritario de las comunidades, ya que al poseer estos territorio ejidal, deben ser considerados dueños del carbono y por lo tanto, obtendrán un beneficio por la captación del carbono y la posterior disminución de los contaminantes.
De acuerdo con una nota publicada en el portal Animal Político, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que en las zonas de agricultura y bosques del país se concentra el 25% de la población principalmente indígena, las cuales son representan los principales centros de conservación de la biodiversidad.
Algunos programas pilotos ya han comenzado a implementarse en cinco regiones del país, entre ellas la Selva Lacandona, la península de Yucatán y comunidades forestales en Oaxaca.
La estrategia debe seguir los preceptos de la Ley Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual establece que toda comunidad indígena debe ser consultada sobre si acepta o no unirse a REDD+, y además debe obtener un beneficio.
No obstante, diversas comunidades indígenas se han manifestado ya contra este proyecto, señalando que podría resultar en el despojo de tierras y territorios.
Han denunciado además que los proyectos piloto implementados alrededor de mundo violan los derechos de los Pueblos Indígenas e incluyen la militarización y desalojos, además de que estos podrían ser responsabilizados si dichos proyectos fracasan.