México cae en un socavón. La caída se produce cuando los de arriba llevan al país por una pista fatal de cuatro carriles: la militarización, el narco negocio, el despojo transnacional y la corrupción. Carriles que se cruzan y confunden sobre un piso que se viene abajo cuando se evade la realidad por un “paso exprés”.
Si no fuera atroz lo que sucede, esta imagen de México sería un mero juego de palabras e ironías. Sólo es una imagen de cómo opera el sistema capitalista y su estrategia neoliberal en México.
A partir de que en la Autopista del Sol México-Acapulco sucede otro de sus fatales accidentes, causado por la desbastada condición en que se encuentran varios de sus tramos, ahora en el Paso Exprés que evitaría la afluencia vehicular de la ciudad de Cuernavaca, se forma un socavón que traga un carro donde mueren dos personas y se detiene la circulación. Ahí se anudan la corrupción de empresas y funcionarios federales y estatales y se ve el comportamiento del despojo constante a las poblaciones por las que cruza cada mega inversión fraudulenta de las empresas transnacionales.
La empresa Epccor asociada al grupo de capital europeo Aldesa son sólo el doble signo de una red de abuso, despojo, depredación, fraude y violencia criminales sobre las comunidades y territorios.
Esas empresas en alianza con el Estado -como muchas empresas- invierten para obtener ganancias extraordinarias e inmediatas, vía la explotación de los trabajadores (ver los trabajadores muertos en la construcción del paso exprés), el despojo de tierras y casas de habitantes “a pie de carretera” o de los pueblos desalojados en otro tipo de obras, así como la corrupción que hizo pasar de 48 mil millones con el que fue licitada la obra del paso exprés por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los 2, 200 millones de pesos de costo al momento de su inauguración y que aumentará con la reparación y construcción de un viaducto que dé impunidad a la corrupción y deficiencia en la obra.
Ante los hechos en Morelos tanto la Secretaría de Comunicaciones y transportes como las empresas fraudulentas se deslindan de las responsabilidades. Siguen impunes aunque se sabe que son empresas beneficiarias de cientos de proyectos a cambio de dinero para funcionarios, partidos políticos y candidatos en México y en otros países de Iberoamérica. Visibles son los fraudes de Aldesa, Epccor, OHL, Higa, Halley Burton, Grupo Carso, Grupo México, Odebrecht, Pinfra, etc..
¿Pero qué tiene que ver la militarización en el carril de aparente menor velocidad por el que se desliza México?
Es el soporte de este y de todos los megaproyectos del despojo que hace el capitalismo en vías de comunicación, empresas energéticas, apropiación del agua y la biodiversidad de los pueblos, o los atentados a la vida por las mineras a cielo abierto, y obras tan letales como la del llamado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
Son las fuerzas para imponer el orden contra los pueblos que resisten en Tepoztlán por sus árboles abatidos por una pretendida ampliación a la carretera, las presas del Zapotillo y tantas más que arrebatan las tierras y el agua expropiadas, la “ciudad modelo” a favor de la automotriz Audi, junto a los proyectos de privatización del agua en Puebla, los peligrosos gasoductos en el sur, el oriente y el norte del país, el control de puertos, refinerías, industrias y turismo en las Zonas Económicas Especiales, el pacto con Estados Unidos para dominar energía, minas y drogas en Centroamérica y sellar la entrada a migrantes.
A veces los militares y su guerra (más de 200 mil muertos en 11 años) se encubren detrás de paramilitares: son famosas las bandas de cárteles de la droga y de delincuencia organizada que acosan, extorsionan, desaparecen y matan a la gente que se interpone a su dominio de territorios, para que luego los entreguen a las transnacionales cuando los marinos o los soldados lleguen a “limpiar de la delincuencia” y den paso en zonas de gente desplazada o atemorizada a las “buenas inversiones” del otro capitalismo.
Así pasa en el norte, sea en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, etcétera; pero también en Colima, Jalisco, Guanajuato y Michoacán; en el sur destacan sus crímenes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, estado de México, Puebla y la Ciudad de México.
El narco mayoreo o menudeo, la extorsión, el tráfico y la trata de personas, los huachicoleros, son giros del capital en el narco-negocio que abren la puerta a inversiones empresariales “legales”, o las que alimentan el crimen en los bancos lava dólares, extorsionadores de cuello blanco.
Otra máscara que encubre la militarización pro capitalista del país es la vía de la corrupción y la cooptación de organismos sociales y políticos que suman fuerza a partidos o están al servicio de gobernadores como el muy denunciado cartel de Antorcha Campesina y Popular, o los miembros del Frente Popular Revolucionario 14 de junio en Oaxaca, los grupos paramilitares de base “campesina” en Chiapas, y la transformación de la UPOEG en grupo sicario contra comunidades en Guerrero donde se resiste a narcos, a mineras y a la construcción de presas hidráulicas.
Los cuatro carriles de esta pista se enciman al pueblo mexicano y lo lanzan a un socavón de violencias, miedos, depredación y empobrecimiento. Utilizando la misma figura ¿no se podría cavar un socavón contrario con una fuerza indígena campesina, obrera y popular que inutilice las vías del poder opresor?
Marx hace 150 años escribía sobre esa fuerza proletaria una frase que reaparece en nuestros pueblos como una meta: “¡Bien has cavado viejo topo!”. Es la hora de desmontar el poder capitalista desde abajo en cada comunidad y barrio organizados.
Expulsan a Antorchistas de barrio de Huamuxtitlán, Gro.
Territorio indígena soberano, 28 de julio de 2017.
La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular dio a conocer el siguiente comunicado que sintetizamos:
Cuando surgió la Policía Ciudadana y Popular el día 2 de diciembre del 2012 en Temalacatzingo, Guerrero, dejó claro que su labor principal es cuidar los intereses y seguridad del pueblo, actuando honestamente, usando el dialogo y el entendimiento con las autoridades y organizaciones para dirimir los conflictos, nuestra organización no es apéndice del gobierno ni de cacique alguno, no surgimos para convertirnos en guaruras de nadie, ni para cuidar políticos corruptos, ni para vivir del pillaje del pueblo.
Los reglamentos, principios y estatutos que rigen nuestro movimiento son: no usar el nombre de la organización para conseguir intereses económicos personales, no utilizar a la PCP para algún partido político u otra organización que la use para lucrar, no usar a la PCP para un grupo particular o para proteger la propiedad privada de algún empresario, No utilizar a la PCP para protagonizar, buscar fama o patrocinador, trabajar en colectividad para combatir el individualismo, no utilizar a la PCP para ajustar cuentas personales, entre otros.
Los de la PCP somos del pueblo y estamos con el pueblo, tenemos principios y un reglamento; en la PCP pueden participar todos los ciudadanos/ciudadanas de buena voluntad y con espíritu de ayudar a mantener la paz, la tranquilidad. Sin embargo, hay personas que solo piden su participación con otros intereses o para protegerse de sus conductas antisociales. Como sucedió en el barrio de San Pedro en el municipio de Huamuxtitlán, ciudadanos que pidieron adherirse a las filas de la PCP, han utilizado nuestro movimiento para fines personales, violentando los principios y normas de la CRSJ-PCP, pues crearon un grupo para cuidar un negocio particular.
Estos ciudadanos del barrio de San Pedro, que se infiltraron en las filas de la PCP con la finalidad de desprestigiar, dividir, desorganizar, protagonizar, manipular y violentar nuestros principios y reglamentos, encabezados por Adelaida Vallinas Valdez, Ricardo Ortega Morales, Celestino Simón Santos, Alejandro Ortega Morales, fueron expulsados de nuestra organización, por traición y vacilación a nuestros principios y reglamentos, además, por usar el nombre de nuestra organización para conseguir bienes materiales y económicos para su grupo reducido con fines y mañas antorchistas (pues resulta que todos ellos estaban adheridos a ese grupo y a cambio recibían apoyos particulares como abono, cemento, despensa entre otras regalías y prebendas) todo para desprestigiar nuestro movimiento y dividir a la Policía Ciudadana y Popular en Huamuxtitlán.
Los materiales que se adueñaron cuando algunos eran representantes de la PCP son: una camioneta Ford lobo, con la leyenda Policía Ciudadana y Popular-Huamuxtitlán, Gro., color negra, celular, radios, filmadora, una lámpara recargable, dinero que reciben de la gasolinera y del microbanco Red Eco, sin el aval de la asamblea de los barrios, así como 8 cargas de maíz producto del trabajo colectivo. Las conductas egoístas, de resentimiento, codicia y ambición que movían a estos ciudadanos, los llevó a prostituirse con el gobierno municipal y grupos empresariales o partidistas que les dieran alguna regalía o migaja.
Por ello la CRSJ-PCP, El CDN del MSPS, decide en asamblea general de base, la expulsión definitiva de estos ciudadanos agrupados en el barrio de San Pedro, de Huamuxtitlán, Gro.
Ellos quedaron expulsados y desconocidos de las filas de la Policía Ciudadana y Popular (PCP), ya no tienen el respaldo para operar con uniformes, escopetas, en nombre de nuestra Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia- Policía Ciudadana y Popular CRSJ-PCP.
Damos a conocer a la ciudadanía en caso de que sean sorprendidas por esas personas, para pedirles apoyo en nombre de nuestro movimiento o con siglas de la PCP.
A quienes confiaron en los ciudadanos mencionados, les informamos que traicionaron, por ello los destituimos de sus cargos y fueron expulsados de nuestra organización para curarla y mantenerla saludable del veneno que querían inyectarle esos señores, afines al grupo de Antorcha Campesina.
La CRSJ-PCP y el MSPS, no desistiremos en la lucha por la vida, la justicia, la seguridad, la soberanía popular y por la transformación social desde abajo y por la vía pacífica.
Invitamos a las organizaciones sociales, populares y barrios a continuar la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, defender nuestro territorio y nuestra madre tierra. Amar la vida, la naturaleza y el estudio. Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia – Policía Ciudadana y Popular, CRSJ-PCP.
Soberanía popular, justicia, libertad, seguridad y paz.
Con respecto a la Megaminería
Comunicado de ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México
En la conferencia de prensa de hoy viernes 21 de julio,en CENCOS, por el Día Mundial contra la Megaminería (22 de julio), ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, reiteró la solidaridad que tiene desde hace varios años con los pueblos, ejidos y comunidades que luchan contra la megaminería, suscribió el Posicionamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Mega minería- a cielo abierto- y condenó el asesinato de luchadores contra la megaminería, la criminalización de las actividades de los luchadores contra la megaminería y su hostigamiento judicial . Igualmente, se solidariza con los habitantes de Dinamita, Durango y pueblos circunvecinos que rechazan la instalación de una fabrica para producir 75,000 toneladas al año de cianuro, que previamente había rechazado San Luis de la Paz, Guanajuato y con los habitantes de San Miguel del Progreso Juba Wajin de Guerrero que recientemente han conseguido un amparo definitivo contra la explotación minera en sus tierras, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La megaminería es una actividad criminal que contamina y destruye integralmente a pueblos y comunidades de todos los continentes. Utiliza las tecnologías de tajo o cielo abierto que destruye cerros y que requiere, para la extracción de metales preciosos, de la utilización de productos químicos altamente venenosos en gran escala. Opera nacional e internacionalmente como un bloque de intereses empresariales que crea y destruye en pocos años empresas desechables, con nombres de fantasía, para realizar la explotación in situ , e invierte enormes cantidades de dinero en “convencer” a políticos y jueces federales de la bondad de los despojos y saqueos que realiza, y así logra evadir responsabilidades ambientales, sociales y fiscales. Además, convive muy bien con el crimen organizado y las fuerzas paramilitares de la localidad afectada.
Canadá es el país que sirve de santuario principal a estos modernos piratas que especulan con el agotamiento de los minerales que contienen metales preciosos y su subsecuente subida en las cotizaciones internacionales. La globalización, los tratados de libre comercio, han dado un gran apoyo al desarrollo de esta siniestra actividad económica. Una de las primeras acciones de Salinas de Gortari como presidente golpista, fue impulsar la legislación minera que se concretó en 1992 y que sirve de fundamento para al despojo y al saqueo de minerales que han realizado en México las empresas mineras en este siglo.
¡NO A LA MEGAMINERÍA!
