El robo sufrido ayer en las oficinas del periódico digital e–consulta no puede verse como un asunto relacionado con la delincuencia común o un hecho aislado, pues la forma en que ocurrió el hurto parece ser más un acto destinado a intentar dañar a los periodistas que ahí laboran o tal vez lanzar un mensaje de amedrentamiento a la prensa crítica del estado de Puebla.
El problema de fondo es que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas es notorio el crecimiento de la intolerancia de la clase política hacia la prensa, ya que tan sólo del año pasado a la fecha organizaciones no gubernamentales han contabilizado casi 60 agresiones contra periodistas del estado de Puebla. Muchas de éstas han ocurrido en el interior de la entidad, lo cual dificulta que sean conocidas.
Mucha de esa intolerancia parece ser una prolongación del sentido odio que se percibe de los altos mandos del Poder Ejecutivo hacia la prensa crítica. Por eso la política de comunicación social de la administración morenovallista consiste, principalmente, en ahogar económicamente a los medios de comunicación que no se ciñen a la directriz de hacer cero cuestionamientos contra el grupo político que controla al gobierno del estado.
Lo ocurrido en e–consulta no entra en la lógica de un robo de la delincuencia que azota la zona de las colonias El Mirador, Anzures y Bella Vista —en ésta se ubica dicho periódico digital y La Jornada de Oriente–, en donde se han incrementado los robos a casa habitación y comercios, así como de autopartes. Tal como pasó parece tener otros propósitos.
El robo se dio poco antes de que se presentara a laborar el personal de ese medio de comunicación. Los ladrones invirtieron tiempo y esfuerzo para destruir tres alarmas, forzar las puertas e ingresar, para solamente llevarse un par de computadoras, que no fueron las primeras que se encontraron, sino que eran las más importantes, ya que se trata de las que utilizaban Rodolfo Ruiz y Blanca Patricia Galindo, quienes son el director y subdirectora de e–consulta, respectivamente.
Dicho de otra manera, lo importante de este robo no son los objetos materiales que se extrajeron, sino el mensaje que se quiere dar con el hurto o el interés que había en la información contenida en alguna de las computadoras que se llevaron.
La posibilidad de que este tipo de agresiones, como la sufrida por e–consulta, se vuelvan comunes o aumente están dadas, ya que nadie está haciendo algo para frenar la intolerancia que existe contra algunos medios de comunicación de Puebla.
El 17 de abril de este año tres representantes de la organización Casa de los Derechos de los Periodistas le entregaron a la diputada local Josefina Buxadé Castelán y al primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Omar Martínez, un informe que detallaba 44 agresiones a periodistas de Puebla. Luego de dar a conocer dicho listado, ninguna autoridad u organismo público se ha interesado en el tema.
En ese informe se detalla que han crecido de manera considerable los actos de violencia e intimidación que ejercen jefes policiacos y funcionarios gubernamentales, principalmente del interior del estado, en contra de periodistas, con situaciones que van desde conseguir que los despidan de sus medios de comunicación hasta ofensas, golpes y “levantones”.
Desde que se entregó el informe hasta la fecha, la cifra de agresiones creció a 57 y también ha aumentado el grado de violencia.
Apenas hace unas semanas un reportero en Tlachichuca sufrió la amenaza de un funcionario público con pistola en mano y más tarde lo privaron de su libertad, lo subieron a un auto y finalmente lo aventaron a un paraje solitario.
Curiosamente en la región de Ciudad Serdán ya suman tres hechos parecidos.
Toda esta violencia tiene como punto de partida la idea de que no debe haber crítica contra la clase gobernante, la cual es una visión de corte porfirista o muy parecida a la que había en la época del ex gobernador Maximino Ávila Camacho, quien fue uno de los principales caciques de este estado.