Una orden de aprehensión se ha liberado en contra de 10 labriegos –entre ellos una mujer– de las comunidades de Atzizihuacan y Juan C Bonilla, bajo los cargos de privación ilegal de la libertad y pandillerismo. Sin embargo, se sabe que en realidad ese proceso jurídico no obedece a que estos campesinos sean delincuentes, sino que es una respuesta represiva del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas por oponerse a la construcción del gasoducto Morelos.
La administración de Rafael Moreno Valle Rosas ha creado un ambiente de violencia institucional y de persecución política contra todo aquel ciudadano que, ejerciendo sus derechos constitucionales, se atreva a criticar o manifestar su oposición a algún proyecto de obra o de servicios públicos.
Por más que el Poder Ejecutivo trate de sustentar que los procesos legales que ha abierto contra sus críticos están justificados, en realidad ha quedado demostrado que existe una voluntad creciente de reprimir a todos los grupos sociales que son considerados como “enemigos” por la administración morenovallista.
Tal situación plantea que debemos, los ciudadanos, estar preparados para que aumente la violencia gubernamental y la persecución política. El gobernador no tiene la disposición de cambiar su política de corte policiaco, sin importar que esta situación cada vez le genera un mayor grado de vulnerabilidad.