La titular de la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Beatriz Manrique Guevara, dio a conocer varios aspectos ayer sobre las acciones del gobierno de Puebla encaminadas a cumplir con la recomendación emitida en 2017 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para sanear la cuenca Atoyac-Zahuapan, misma que no solo incluye al Poder Ejecutivo poblano, sino a su homólogo de Tlaxcala, a instancias del gobierno de la República y a municipios de ambas entidades federativas que se encuentran en los márgenes del río.
De lo dicho por la funcionaria destaca la creación de un organismo intermunicipal para sanear al afluente, de la cual participarán 19 ayuntamientos ubicados en la ribera.
Más allá de lo informado por la secretaria, es evidente que hay un retraso de seis años en la atención a la recomendación de la CNDH de parte de todas las autoridades incluidas en la misma y se antoja sumamente difícil que cualquier acción que se emprenda ahora o en lo que resta del presente sexenio pueda tener efectos reales en la limpieza del río.
Es claro que los gobiernos de los tres niveles en el actual periodo han manifestado más voluntad que las del anterior para dar cumplimiento al recurso en comento, pero por desgracia, el rescate del afluente demanda mucho más que buenas intenciones, planes, proyectos, recursos y programas.
En esta lógica no se puede obviar la responsabilidad que tienen las industrias que están desfogando sus aguas residuales al Atoyac, las cuales actúan con completa impunidad por la negligencia o complicidad de las autoridades.