Más de la mitad de los habitantes de Puebla está de acuerdo con la eutanasia y el suicidio asistido, aseguró Amparo Espinosa Rugarcía, presidente de la asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), quien estimó que el número de simpatizantes que identificó su organización en una encuesta en la materia aplicada en 2016 se incrementará este año en la segunda edición de dicho estudio.
En entrevista para el programa Las Reporteras, transmitido en las redes sociales de La Jornada de Oriente la noche de ayer, argumentó que la epidemia de coronavirus (Covid-19) ha hecho a las personas más conscientes sobre la pérdida de la vida y, en consecuencia, más receptivas ante ese tipo de planteamientos.
En ese contexto, celebró que uno de los diputados del Congreso local propusiera al pleno analizar la muerte digna en un parlamento abierto este año, con el fin de regularla.
Refirió que en la Encuesta Nacional Sobre Muerte Digna 2016, la DMD preguntó qué tanto pensaban los mexicanos en la muerte y la respuesta fue “nada”, por lo que no le sorprendió que solo 10 mil personas hayan firmado el documento de voluntad anticipada de 2008 a la fecha en los estados donde esa figura se encuentra legalizada.
“La voluntad anticipada ni sentido tiene (bajo ese pensamiento), porque sienten que no se van a morir”, agregó la doctora en Psicoanálisis y en Orientación y Desarrollo Humano, al exponer que el reconocimiento de ese derecho en Puebla permitiría a los enfermos crónicos o en fase terminal rechazar tratamientos médicos que alarguen su vida.
Agregó que la epidemia de Covid-19 ha dejado “experiencias tan tremendas y terribles que necesariamente tuvo que haber un cambio” en el pensamiento de las personas, situación que la asociación a su cargo verificará con la nueva Encuesta Nacional Sobre Muerte Digna que se encuentra en etapa de levantamiento.
No debería haber objeción en Puebla por la aprobación de la voluntad anticipada
En torno al parlamento abierto propuesto por el legislador del PT José Miguel Octaviano Huerta, Amparo Espinosa celebró que existan ese tipo de iniciativas, las cuales deben encaminarse a legalizar tanto la voluntad anticipada, como la eutanasia y el suicidio asistido.
Juzgó que el Congreso poblano no debería enfrentar dificultades para aprobar una Ley de Voluntad Anticipada, porque ya es una realidad en 14 entidades federativas del país y se trata de un mecanismo mayormente aceptado.
No obstante, reconoció que la iniciativa podría enfrentar trabas si un sector del Poder Legislativo la identifica como un avance hacia la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, a través de los cuales se provoca la muerte de un paciente, en el primer caso por el suministro de medicamentos por parte de personal sanitario y en el segundo por la autoadministración de un medicamento que otra persona proporcionó.
Aunque los esfuerzos de su organización se encuentran encaminados a que la ley reconozca todas las modalidades de muerte digna, aceptó que será difícil que se logre en México porque es un objetivo que no se ha conseguido ni siquiera en sociedades más abiertas ante el tema.
Pese a las restricciones legales hoy existentes, la presidente de la DMD aclaró que la eutanasia sí se practica en el país, pues la Encuesta Nacional Sobre Muerte Digna 2016 reveló que 12 por ciento de los participantes habían visto a un médico realizar esa intervención.
En México está penalizada la eutanasia con tiempo en prisión que puede ir de 12 a 24 años, mientras el periodo de cárcel por asistir un suicidio va de dos a cinco años, dependiendo de la “razón de compasión” que le toca valorar a un juez, detalló la DMD en el estudio demoscópico referido por Amparo Espinosa.