El viernes pasado alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo, marcharon por las principales calles del Centro Histórico de la Angelópolis, para manifestarse en las inmediaciones de Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, a fin de exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por esa administración desde 2019.
La administración estatal respondió que un grupo de estudiantes manipula y se cierra al diálogo.
En ese marco, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, José Felix Cerezo Vélez, confirmó que el miércoles de la semana pasada tramitó la controversia constitucional por la recomendación emitida por el organismo homólogo nacional (CNDH), en la que se señala a la Policía Estatal de haber reprimido a las jóvenes durante una manifestación el 30 de mayo del año pasado.
Durante la movilización del pasado 7 de octubre las normalistas, acompañadas de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, denunciaron exigieron la destitución, Antonio García Ordóñez, director del plantel Carmen Serdán; Leticia Martínez Barrientos, subdirectora académica, Emilio Guerrero Becerra, subdirector académico, y Teresa Vara Gónzalez, responsable del almacén.
En su protesta acusaron la expulsión “ilegal” de tres alumnas del plantel y la violación a sus derechos humanos cometida el 1 de junio del 2021, cuando fueron reprimidos mientras realizaban una manifestación en Casa Aguayo, en la capital poblana.
En respuesta a la manifestación, el Poder Ejecutivo emitió el boletín que se transcribe íntegro a continuación:
“Ante la manifestación realizada por alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, el gobierno del estado reitera que desde el arranque de esta administración se asumió y se ha cumplido el compromiso para escuchar y atender las demandas de las estudiantes. Desde 2019 a la fecha, la Secretaría de Educación ha destinado 47 millones 978 mil 262 pesos, recursos utilizados para la construcción, mantenimiento y reconstrucción de espacios educativos, así como para la manutención de las estudiantes.
“Las mejoras en las instalaciones y condiciones de las estudiantes reafirman el compromiso de respaldar este modelo educativo, lo que deja en claro que las acciones emprendidas tienen por objetivo fortalecer el desarrollo de las alumnas, así como de dotarlas de instalaciones dignas e insumos suficientes y no solo para un grupo.
“El gobierno del estado lamenta que, a pesar del llamado al diálogo y la conciliación, un grupo de alumnas recurra a la manipulación como estrategia para mantener privilegios, amenazas y agresiones al resto de las estudiantes, a quienes les violentan su derecho a la educación”.