El Frente por la Comunicación Democrática Capítulo Puebla inició un marcaje personal sobre los cinco senadores poblanos para que privilegien el interés público sobre los intereses privados, durante el análisis de la legislación en telecomunicaciones y radiodifusión que se pretende aprobar esta semana.
En conferencia de medios, los académicos y especialistas que integran la organización en el estado exigieron a los representantes populares eliminar del proyecto que envió el Poder Ejecutivo federal los temas “regresivos” que atentan contra el espíritu de la reforma constitucional que se aprobó el 22 de mayo de 2013.
El frente exige suprimir de la iniciativa gubernamental todos los artículos que establecen injerencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que inició funciones el 10 de septiembre pasado para regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.
Una de las propuestas oficiales que el frente calificó de “inadmisible” es la de devolver a la Secretaría de Gobernación la facultad de vigilancia y sanción en materia de contenidos, así como la criminalización de aquellas personas que abran una emisora de uso social, a quienes se les pretende imponer cárcel como sanción.
En la rueda de prensa, la presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla, Lilia Vélez Iglesias, alertó que el Congreso de la Unión pretende sacar la nueva legislación esta misma semana, mientras la mayoría de los mexicanos están concentrados en las actividades deportivas de la Copa Mundial de la FIFA 2014.
Explicó que el Frente por la Comunicación Democrática vigilará las propuestas y posturas que asuman los senadores Blanca Alcalá Ruiz (PRI), Lucero Saldaña Pérez (PRI), Luis Miguel Barbosa Huerta (PRD), Manuel Bartlett Díaz (PT) y Javier Lozano Alarcón (PAN).
El marcaje, también comprende una campaña informativa en redes sociales sobre la discusión de la legislación complementaria en telecomunicaciones y radiodifusión, para que ésta se armonice con la reforma constitucional.
A su vez, el académico Israel León O’Farril alertó que de no haber cambios en el proyecto del Poder Ejecutivo el país seguirá viviendo un “ostracismo terrible”, donde los ciudadanos carecen de información necesaria para la toma de decisiones, debido a que el contenido de los medios de comunicación se orienta únicamente al entretenimiento mediante telenovelas, partidos de futbol y reality shows que no exponen los problemas reales de la sociedad.
Contra los monopolios
El Frente por la Comunicación Democrática entregó ayer al senador de la República un posicionamiento en el que señala los errores del proyecto de dictamen elaborado por el gobierno, y sugiere correcciones que van encaminadas a combatir los monopolios, defender la neutralidad de la red, así como fortalecer al IFT, los derechos de las audiencias, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
El colectivo, que se constituyó este año como un movimiento de carácter plural para exigir al Congreso de la Unión respeto a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, también exige el fortalecimiento de los medios públicos, sociales, indígenas y comunitarios.
Entre las anomalías que los especialistas y académicos identificaron en la iniciativa gubernamental se encuentra el artículo noveno transitorio, que permitiría a Televisa no ser calificada como una empresa “preponderante” en el servicio de televisión de paga para seguir eliminando competidores.
“Con esta disposición transitoria se pretende garantizar a Televisa la compra de más sistemas restringidos de televisión, nuevamente, se trata de favorecer los intereses de este agente monopólico, al no ser considerando preponderante en la TV de paga, no obstante que hoy acapara más de 70 por ciento de los suscriptores”, explica el frente en el documento que entregó a la Cámara Alta.
Más adelante, en el mismo escrito, indica que el proyecto gubernamental pretende limitar la transparencia y trata de disminuir las obligaciones para que las sesiones y resoluciones del pleno del IFT sean públicas y estén a disposición de todo aquel que lo solicite.
El Frente por la Comunicación Democrática propone derogar el artículo noveno transitorio; elevar el monto de las sanciones a las concesionarias con fines de lucro, porque las multas propuestas no son suficientes para inhibir la violación a la ley, y reducir las sanciones “desmedidas” que se pretenden imponer a las emisoras de uso social.
Además, plantea dotar al Consejo Consultivo del IFT de facultades para que pueda cumplir con el mandato de la Constitución de ser el “órgano asesor de la observancia de los principios establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución”, puesto que en la propuesta gubernamental solo es aludido de manera general en un artículo.
También exige incorporar en la ley la obligación de desplegar y operar al menos una cadena pública de televisión y una de radio, ambas con cobertura en todo el territorio nacional, y reservar 30 por ciento del espectro para las concesiones de uso social, comunitarias e indígenas.