El Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció actos de hostigamiento de directivos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 211 en Puebla y la dirigencia sindical contra la doctora Gabriela Molina Herrera, profesora e integrante activa de su comité.
De acuerdo con la organización, la académica enfrenta represalias por exigir que la asignación de plazas docentes se realice conforme a la normatividad vigente y mediante concurso de oposición, como lo establece el decreto de creación de la UPN de 1978. El CEND señaló que estas demandas de transparencia han incomodado a autoridades y a la Sección 23 del SNTE, quienes continúan otorgando plazas de forma discrecional.
El comité denunció que, como represalia, a la docente se le retuvo el pago de su quincena 16/2025 y se modificó sin justificación la modalidad de depósito bancario a cheque físico, con el objetivo de presionarla para aceptar un cambio de adscripción.
Recordó que la profesora cuenta con una reubicación vigente por 26 horas desde 2013, ratificada en 2021, sin observaciones por parte del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).
Entre sus exigencias, el CEND solicitó en un pronunciamiento el respeto pleno a la reubicación, el pago inmediato y correcto de los salarios retenidos, así como medidas que garanticen que no habrá represalias.
También pidió la instalación de una mesa de seguimiento con calendario público y el reconocimiento legal de los documentos oficiales emitidos en torno al caso.
Entre febrero y diciembre de 2024, se detectó que aproximadamente 30 plazas fueron entregadas de forma discrecional en varias sedes de la UPN, incluidas las unidades 211 (Puebla), 212 (Teziutlán) y 213 (Tehuacán). De estas, casi la totalidad se revocaron después de las denuncias hechas por Gabriela Molina Herrera, salvo algunas excepciones como la plaza otorgada a Gabriel Guerrero Monter
Los reclamos de los docentes incluyeron peticiones para que estas plazas fueran sometidas a concurso y asignadas mediante exámenes de oposición, en lugar de distribuirse arbitrariamente. También exigieron transparencia en los procesos de asignación y un sistema que garantizara igualdad de oportunidades académicas
