En un discurso que resultó a todas luces contradictorio, Javier Lozano Alarcón, jefe de la Oficina del Gobernador, José Antonio Gali Fayad, dijo que la nueva administración estatal es de “reconciliación”, pero simultáneamente amenazó al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, pues aseguró que incurre en el delito de concusión y por tanto podría ser demandado, aunque no por el Poder Ejecutivo, sino por terceros.
Esta declaración se intrepretó como una revancha por los cuestionamientos y controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha emprendido el edil del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por las reformas constitucionales a nivel local sobre la administración del agua.
Lozano Alarcón, encabezó ayer por la mañana en el Centro Integral de Servicios una rueda de prensa, en la que, tras una serie de explicaciones de orden legal para negar que el gobierno de Gali pretenda privatizar el agua, acusó al munícipe cholulteca de estar cobrando a los ciudadanos de San Pedro el saneamiento del líquido, a pesar de que ese servicio es subsidiado por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap).
El también vocero dijo que dicha acción es ilegal, pues se encuadra en el delito de concusión, previsto en el Código Penal del estado, aunque, a pregunta expresa, afirmó en dos ocasiones que la administración galista no tramitará querella, pues eso correspondería a los ciudadanos que se sienten perjudicados por el cobro del sanaemiento. Incluso reconoció que ignoraba si la Fiscalía General del Estado debía iniciar una investigación de oficio por estos hechos.
No obstante, el director del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz –quien estaba al lado del portavoz en la conferencia- reconoció que no solo la Comuna presidida por Espinosa Torres está cobrando un saneamiento que no realiza: “Cuautlancingo sí cobra algo y San Andrés (Cholula) cobra algo, pero no las cantidades que cobra San Pedro”, expresó, a lo que Lozano intervino de inmediato para matizar, diciendo que el organismo estaba subsidiando a las localidades que no tienen plantas tratadoras a lo largo del río Atoyac, que son, a demás de las mencionadas: Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, Coronango, Juan C. Bonilla, Santa Clara y Amozoc.
Llama la atención que esta es la primera vez el gobierno estatal informa abiertamente de los acuerdos que tiene el Soapap con los municipios en materia de agua potable y saneamiento, pues durante el sexenio pasado esa fue una materia vedada, no obstante la crispación social que generó la privatización del líquido en la capital.
De hecho, Lozano Alarcón advirtió que había acordado con Marcelo García Almaguer, coordinador General de Agenda Digital y Comunicaciones, y quien también estaba en la rueda, “no dejar pasar una mentira” (sic) en contra de la administración de Gali y por eso, apuntó, se decidió explicar a los medios la reforma al Artículo Cuarto de la Constitución Política del estado de Puebla.
En esa lógica, indicó que la enmienda a la Carta Magna local, fue impulsada como el compromiso número 12 en la campaña del actual mandatario estatal, José Antonio Gali Fayad y es idéntica a la hecha en al Artículo Cuarto de su homóloga federal, la cual tiene el propósito de garantizar como derecho humano el acceso al agua.
Calificó como “una mentira” la versión de que solo fueron diputados del PRI y el PAN quienes aprobaron la reforma estatal del 27 de enero pasado, asegurando que el dictamen fue aprobado por unanimidad y en ningún momento en él se menciona la privatización del agua, ni la invasión de facultades que solo conciernen al municipio, como la administración del elemento.
En seguida señaló que Espinosa Torres también falta a la verdad cuando asegura que la enmienda sobre el derecho al agua debe ser aprobada por los 217 municipios dela entidad, pues solo se necesita la mayoría y 141 cabildos ya la dieron por buena.
Luego, mencionó que la presidencia municipal de Cholula hace “cobros indebidos” por 16 mil 600 tomas y sus descargas para saneamiento, de los cuales obtiene recursos por el orden de 6 millones 417 mil pesos anuales.
En esa línea discursiva, señaló que la administración de San Pedro debe explicar en qué utiliza ese dinero y sugirió que podría estar siendo empleado en los desplegados que el ayuntamiento ha pagado al diario Reforma.
Gaytán Alcaraz precisó que a San Pedro se le sanean diariamente 200 mil litros de agua por segundo y que eso equivale a un costo de 30 millones de pesos.
Por último, a pregunta expresa, Lozano dijo que el gobierno de José Antonio Gali Fayad “tiende la mano” al edil cholulteca, pero que éste es quien tiene un ánimo belicoso.