Pese a que ya se presentó ante el Congreso local la iniciativa de reforma que permitirá elegir –en el año 2027– a los jueces y magistrados mediante el voto popular, en el Poder Judicial (PJ) poblano dicho proyecto, poco o nada, ha impactado en la vida diaria del aparato de administración de justicia.
Nada se ha movido en el PJ; siguen funcionando las cosas como siempre: los que ocupan los cargos más importantes en los órganos de control, no toman decisiones trascendentes; mientras que, una serie de personajes, sin tener facultades, son quienes otorgan beneficios o castigos al personal, ejerciendo poderes fácticos.
Y frente a todo esto: la justicia en Puebla sigue en niveles infames de eficiencia y en una constante sospecha de que la corrupción es el aceite que mueve los engranes del Poder Judicial.
¿Qué cambios se necesitarían en el corto y mediano plazo, para que cambie, aunque sea un poco, el Poder Judicial?
Primero: que el Consejo de la Judicatura tiene que ser un verdadero órgano de control y sanción de los malos jueces y magistrados.
Son muchos los escándalos de jueces y magistrados que otorgan, de manera abierta y descarada, fallos a favor de delincuentes.
O que las comportamientos de algunos togados distan mucho de apegarse a una conducta ética. Son varios los casos de jueces famosos que, por tener problemas de alcoholismo, delegan en su personal el tomar fallos trascendentes.
Y que las relaciones familiares ejercen mucho peso para que los jueces que, son parientes o protegidos de los magistrados, nunca sean tocados, ni cuando cometen actos que atentan contra la correcta administración de justicia.
Como es el caso de un titular de un juzgado del sur del estado que liberó a un acusado confeso de homicidio, por negligencia o corrupción, para que el final lo acabaran exonerando y responsabilizando a un funcionario menor. Todo por ser hijo de una exmagistrada.
Segundo: que las cabezas del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia realmente tengan la autoridad, el interés y la capacidad de cambiar el deplorable estado en que se encuentra el aparato que cuida la vigencia del Estado de Derecho.
Es un secreto a voces que José Eduardo Hernández Sánchez, el presidente del Consejo de la Judicatura, no se involucra en los problemas del PJ.
Que habría llegado a ese puesto por una recomendación, de la todo poderosa, de Patricia Leal, quien fue una figura importante en el morenovallismo, como contralora, y recientemente como asesora en la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en el gobierno estatal anterior.
Que lo mismo pasa con la magistrada Belinda Aguilar Díaz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien utiliza el cargo como un escaparate de relaciones públicas, ya que acude a ceremonias, conferencias, congresos y muchas actividades representando al PJ de Puebla; pero hacia dentro de este poder público no hace nada para cambiar su realidad.
Tercero: que se eliminen una serie de poderes fácticos en el Poder Judicial poblano, que lo ejercen personajes que, sin tener autoridad, influyen en las sentencias de los jueces y son lo que otorgan, premios y castigos, al personal del PJ, sin tomar en cuenta méritos, conductas éticas y temas de preparación académica.
Es de vox populi que el magistrado César Iván Bermúdez Minutti, desde que era juez, ejercería el control de “una mafia” de togados del PJ, a quienes se les controlaría las sentencias de mayor relevancia.
También se dice que la jueza María Guadalupe Muñoz Pérez, quien es consejera del Consejo de la Judicatura, cambia por “caprichos” al personal de adscripción judicial, sin importar que a muchos funcionarios los mueve a regiones en el estado muy alejados de sus domicilios particulares.
Mientras que, a sus supuestos “protegidos”, les dan los mejores lugares en la capital o la zona metropolitana de Puebla.
O que todos los miércoles, la oficina del magistrado Fredy Erazo Juárez, se llena hasta el tope de trabajadores del PJ, debido a que se corrió la voz de que este personaje puede otorgar o frenar ascensos, o alguna otra mejora laboral.
Todo mundo considera que Fredy Erazo podría ser el próximo presidente del Consejo de la Judicatura por ser parte del grupo político del gobernador Alejandro Armenta Mier.
Nadie sabe cuándo se va a renovar los órganos del Poder Judicial, pero todos observan que Fredy Erazo ya manda como si fuera la máxima autoridad del PJ.
