Por Ruty Amigón
Con la pandemia a cuestas, pareciera banal hablar del patrimonio dañado por los terremotos de 2017; sin embargo, tras cuatro largos años, sigue pendiente la rehabilitación de la mayor parte de los bienes culturales que resultaron afectados. En bien de la memoria y del interés público eso obliga a un recuento de hechos.
En septiembre de 2017 emprendimos extenuantes jornadas para censar los daños causados al patrimonio de Puebla por el terremoto del día 19; la falta de planificación y protocolos nos obligó a recorrer varias veces las regiones afectadas. En octubre, registramos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) los inmuebles censados hasta esa fecha, aventurando un importe que en algunos casos resultó excesivo y en otros, escaso. Ejercimos los recursos parciales inmediatos (apin) con el propósito de estabilizar los inmuebles dañados. Repentinamente dejamos de atender Fonden y nos avocamos a conseguir “los recursos frescos” del seguro contratado con Banorte tiempo atrás por el INAH para atender desastres. En ese momento ni las comunidades afectadas ni nosotros teníamos idea que iban a transcurrir cuatro años, y en algunos casos incluso más tiempo, para recuperar el acceso a varios inmuebles de culto. Esto provoca inquietud e incertidumbre en las comunidades ya que los templos son esenciales para la vida social.
Durante 2018 continuamos conciliando presupuestos con base en el censo de daños realizado en forma conjunta con los ajustadores del seguro y continuamos con el singular arranque de obras que este financiaría: “¡Inicien obras, los proyectos se harán sobre la marcha!”, “¡Atiendan los templos con daños menores primero y deshagánse de ese lastre!” fueron las ordenes que recibimos en un contexto de emergencia y de presión social pero sin haber proyectos, ni contratos, ni instrucciones por escrito y menos aún protocolos.
Nosotros obedecimos y asumimos la supervisión técnica y la pesada carga de una irregular y endeble asignación de obras a las empresas constructoras y también su control administrativo. Más tarde ante el apremiante reclamo de parte de uno de nosotros por las responsabilidades adquiridas, además de la indefensión en la que nos encontrábamos, y seguimos, por no contar con un documento que respalde nuestro proceder, cierto funcionario solo respondió: “Para qué me hacen caso”.
En septiembre de 2018, diez meses después del inicio de varias obras, salió a flote la deficiente administración de la indemnización del seguro Banorte, con el anuncio de que ese recurso no alcanzaría para costear todas las obras que estaban en marcha. La solución que encontró el INAH fue la de excluir de esta modalidad de financiamiento una gran cantidad de inmuebles, sin importar su grado de avance, de tal forma que aquellas obras que siguieran con el financiamiento del banco contarían con la totalidad del pago, según explicaron los funcionarios involucrados. Sin embargo, no fue así y eso se evidenciaría un año después.
La discrecionalidad predominó en la elección de las obras que continuarían siendo costeadas por el seguro del banco: y la mixteca en torno a Chiautla de Tapia, epicentro del terremoto del 19 de septiembre, resultó perjudicada. El ajuste provocó incertidumbre y propició la suspensión de obras en varios inmuebles de esta y otras zonas. Los supervisores del INAH nos encontramos en medio del desánimo de las comunidades y el reclamo de los constructores y sin respuestas ante ambos. El INAH informó, verbalmente, que las obras excluidas y las no iniciadas se realizarían con cargo al Fonden. Pero ni la contratación de obras inconclusas ni tampoco las terminadas tiene cabida en el marco legal que rige la obra pública. Eso obliga a preguntarnos: si en abril de 2018 se había conciliado con el seguro una gran parte de los presupuestos y se sabía que no alcanzarían esos recursos ¿por qué se permitió iniciar obras bajo este esquema de financiamiento aún en junio de 2018?