Autor: Ruty Amigón
No tenemos certeza de cuando podrían iniciarse los trabajos en los inmuebles inconclusos y en los que aún no se atienden en absoluto. Podrían transcurrir varios años debido a la compleja situación que acabo de describir. Las comunidades de la Mixteca en la vecindad de Chiautla están buscando otras opciones para llevar a cabo la rehabilitación de sus templos. Algunas han decidido empezar la obra con recursos propios y solicitan nuestro acompañamiento. Otras han comenzado a tocar puertas en diferentes dependencias del gobierno estatal y federal. Un caso particular son los templos de Tzicatlán y Teotlalco, obras suspendidas como resultado de su exclusión del financiamiento por el seguro, con un significativo avance y ningún pago. La Arq. Magnolia González Loeza quien comenzó a intervenirlos, donará su inversión para que ambas comunidades no enfrenten obstáculos para reactivar la obra con recursos propios.
Para solventar el costo de la intervención y restauración de los templos existe también la opción de involucrar a otros sectores y que no sea sólo responsabilidad del gobierno. Lo cual podría acortar el tiempo de recuperación del inmueble y la comunidad retornar a su normalidad. Es una pena, sin embargo, que ni el Programa Nacional de Reconstrucción ni tampoco Foremoba representen por ahora una alternativa.
A todas luces el INAH enfrenta dificultades para llevar a cabo la contratación, así como el seguimiento y control administrativo de las obras vinculadas con los terremotos no obstante las experiencias previas con sismos, como el de 1999. No ha sido como institución ejecutora de obra pública a tal escala. Una opción podría ser un convenio de colaboración con otras dependencias de gobierno que se encarguen de la contratación, seguimiento y control de los trabajos de intervención pendientes.
Urge reconstruir la confianza de la sociedad en el INAH, tan minada por la pobreza de los avances en la recuperación del patrimonio afectado por los sismos de 2017. Es preciso que esta noble institución, vital para el país, continúe sólo a cargo de la supervisión técnico normativa de las obras de intervención, ya que no cuenta con el personal experto suficiente en materia de obra pública. Pero si es inevitable que siga al frente de la gestión de los recursos y de los procesos de contratación además del control administrativo de las obras, se recomienda una reestructuración a fondo del “programa sismo” para lo cual es fundamental considerar los aspectos siguientes:
Que exista un equipo técnico, administrativo y jurídico, conocedor del marco legal de la obra pública y de la normatividad del INAH, encargado de la contratación, seguimiento y control de las obras de intervención por cada estado con daños.
Para Puebla, que tal equipo de expertos sea independiente del departamento jurídico y que su contratación no esté manejada por éste.
Que los arquitectos y restauradores del INAH sólo se dediquen a los aspectos técnico normativos de las obras de intervención para inmuebles y muebles.
Para Puebla: que se retomen las reuniones de trabajo conjuntas entre las áreas de arquitectura y restauración y se involucre a otros departamentos: antropología social y arqueología, entre otras que son sustantivas en la misión del INAH.
Finalmente, cuatro largos años han transcurrido desde los terremotos y continua sin rehabilitarse la mayor parte del patrimonio inmueble y mueble dañado. Los responsables de los equívocos y decisiones erradas que han repercutido en el avance son el director general y el equipo del “programa sismo”. Por tanto, reitero la exigencia que hice hace dos años: el antropólogo Diego Prieto y sus directivos deben disculparse con las comunidades afectadas por los sismos, y con el país, por haber sido incapaces de cumplir con una de las misiones sustantivas del INAH, la conservación del patrimonio, propiciando con ello mayor descrédito a la institución.
Septiembre de 2021