En octubre de 2017, Puebla inscribió en Fonden 420 inmuebles afectados pero el censo final alcanza la cifra de 621. Diez arquitectos recorrimos las diferentes zonas de la entidad para dar seguimiento técnico y administrativo a las obras de resarcimiento de daños. Cada arquitecto supervisor debió hacerse cargo de 62 inmuebles. Es una cantidad excesiva si se toman en cuenta los proyectos, la supervisión normativa y el absorbente seguimiento y control de los trabajos. El apoyo institucional, por otra parte, ha sido, casi nulo. Los inmuebles afectados y bajo nuestra responsabilidad corresponden a las zonas del estado que atendíamos antes del terremoto o al interés particular por cubrir esta u otra zona. Fue así como alguno llegó a sumar más de 100 inmuebles y otro 25 bajo su responsabilidad. La situación es más compleja para las cinco restauradoras del INAH Puebla porque han tenido que acompañar el trabajo de más de un arquitecto.
La supervisión que llevamos a cabo hasta ahora ha sido insuficiente, incluso deficiente, para regular debidamente los procesos de intervención en los inmuebles asignados. Hemos recibido auxilio temporal de algunas personas para sobrellevar la carga de actividades, pero no ha bastado. El 5% para los gastos de operación que el seguro Banorte y el INAH convinieron incluir en los presupuestos conciliados se empleó en parte, para compensar a esos colaboradores. El Arq. Salvador Camarena ha explicado en medios que al presupuesto conciliado se le agregó un porcentaje que en Puebla fue del 25%, y según lo indicado debió distribuirse así: 5% para gastos de operación, 5% para proyecto y 15 % para estudios de suelo, estructurales y para trabajos adicionales o extraordinarios. En los hechos la repartición fue flexible. A los constructores se les comunicó que deberían entregar ese importe a los supervisores. Durante 2019 y aún en 2020, el 5% debió compartirse con el departamento jurídico y lo reclamaron también desde la CDMX. Se dijo que era para financiar el pago de salarios del personal contratado para la revisión de los expedientes Fonden.
Además de las cuestiones técnicas, la supervisión encara aspectos sociales. Normamos los trabajos en los inmuebles, pero también atendemos a la población con la cual establecemos lazos y lealtades. Cuando logramos concluir una obra se fortalecen vínculos con la comunidad, pero si ésta no logra realizarse, la bienvenida y esperanza inicial se traduce en rechazo. En algunas comunidades nos reclaman que el INAH solo se dedica a levantar reportes mientras sus templos siguen en el abandono y destruyéndose. Otros nos advierten que procederán a demolerlos. Les explicamos que los supervisores somos el último eslabón de una larga cadena de decisiones en la institución, pero es inútil, el deterioro de la credibilidad en el INAH es irreversible. Es lamentable que los directivos del Instituto involucrados en el “programa sismo” se muestren insensibles a estas situaciones y no alcanzan a comprender la disgregación que experimentan las comunidades a causa de la privación de sus templos. Y tampoco muestran comprensión sobre los riesgos que asumimos los que interactuamos con ellos en estas condiciones.
Por otro lado, con el desordenado inicio de obras se descuidaron los aspectos legales y técnicos. Esto propició la problemática relacionada con las empresas constructoras. Abonaron a esta situación la deficiente administración de los recursos, así como el descuido con el que se trataron los asuntos Fonden. Todo ello resultó en pendientes económicos con diferentes firmas y la existencia de obras concluidas e inconclusas con adeudos, debido a la interrupción de pagos por parte del banco. Existen también obras inconclusas sin ningún pago por haber sido excluidas del financiamiento bancario. Algunas constructoras han declarado estar al borde de la quiebra por la falta de pago. Otras, para obtenerlo, se encuentran empantanadas en un tortuoso proceso burocrático, plagado de ajustes sin fin a la documentación requerida.
Pero si bien la informalidad legal produjo un entorno riesgoso que hoy en día amenaza con afectar a varias firmas, como es el caso de algunas en la Mixteca, a quienes se les pretende desconocer su inversión en proyecto y obra, asimismo ha favorecido que otros cometan excesos y abusos: como el acaparamiento de dos o más decenas de obras mediante dos razones sociales de un mismo dueño, favorecido por la falta de regulación del instituto; y como el del templo de San Agustín, en Chiautla de Tapia, en donde la empresa después de recibir el 80 % del presupuesto y comprobar poco menos del 50%, abandonó la obra, amenazando con demandar al INAH si no obtiene el 20% restante. Sin embargo, el instituto no contempla aún ninguna acción legal para frenar la voracidad de constructores fraudulentos que han socavado el presupuesto de algunos inmuebles.
Otro aspecto más de la problemática con los constructores resulta de la ausencia de proyecto y propuesta económica, con lo cual se contó hasta bien entrada la obra, así como de la insuficiente supervisión: algunos trabajos se realizaron a iniciativa sólo de los constructores y no implican daños por sismo, pero se pretenden cobrar como tal. Existen casos en los cuales el catálogo de obra incluye volúmenes dudosos y costos sin justificar lo cual lleva a suponer que, si se hiciera una revisión rigurosa de lo realizado, es probable que a varios no se les deba y otros tendrían que devolver una parte de lo recibido. Este conjunto de situaciones deriva en una gran parte del enfoque “práctico” con el cual se arrancaron las obras del “programa sismo”.