El gobernador Alejandro Armenta señaló que fueron integrantes de la familia Posada los empresarios beneficiados con la expropiación de 10 mil hectáreas a campesinos en la zona de Angelópolis, en la que el gobierno pagó en centavos por las tierras, por lo que consideró un “acto de justicia” que donen dos hectáreas para viviendas populares; de lo contrario, dijo, será expropiado el doble de esa extensión.
La postura fue dada a conocer a nivel nacional, durante una entrevista que el mandatario poblano concedió a una televisora, luego de la polémica generada por las formas en que el morenista exigió la entrega de tierras.
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En la entrevista, precisó que en la década de los 90 se dio el despojo de tierras a ejidatarios de Puebla, Cuautlancingo y Coronango por el contubernio que hubo entre las autoridades y los empresarios de la época.
Desde entonces, Grupo Proyecta se convirtió, al amparo del poder político e institucional, en el principal desarrollador inmobiliario de Puebla, en tierras del municipio de San Andrés Cholula en un inicio, para avanzar luego hacia otros, como Santa Clara Ocoyucan, donde están en proceso litigios por el despojo de tierras.
“Hicieron el negocio más grande en la historia de Puebla”, acusó.
Confirmó que todavía hay denuncias de ejidatarios que les arrebataron la tierra en Angelópolis y Vía Atlixcáyotl, por lo que cuestionó: “Hacemos justicia o somos cómplices de los despojos a campesinos en contra del bien público, y a favor del bien privado”.
En ese sentido, el morenista cuestionó por qué ahora la iniciativa privada se ofende por pedirle a Grupo Proyecta que done un par de hectáreas, cuando las inmobiliarias arrebataron el patrimonio a hijos de campesinos y saquearon el agua y los recursos naturales.
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“Les dije que viene el programa de la presidenta de viviendas para trabajadores de seguridad, madres cuidadoras y jóvenes estudiantes, y necesitamos polígonos de tierra para edificar casas. Les pedí dos hectáreas de miles que el poder les entregó, arrebatándolas a los hijos de campesinos”, argumentó.
No amenazamos ni estamos en contra de los empresarios
Tras recibir una respuesta negativa de Grupo Proyecta, Armenta Mier dijo que si la inmobiliaria no entregaba el polígono de tierra en menos de 30 días, se iniciará un proceso de expropiación para quitarle el doble de terreno.
Al respecto, aclaró que no es una amenaza ni tampoco está en contra de los inversionistas poblanos, sino de los abusos, del despojo al pueblo y de la riqueza “mal habida” de los gobernantes y empresarios que no tienen compromiso social con su gente.
“No es una amenaza; es una convocatoria; cuando hablé con el Grupo Proyecta y les pedí dos hectáreas, la respuesta fue que las hectáreas cuestan tantos miles de pesos; me quieren vender la tierra que les fue entregada en centavos, en dólares”, reprochó.
Como una muestra de apoyo a la inmobiliaria, informó que logró una negociación con la concesionaria Pinfra para reubicar la caseta de cobro de Atlixco hasta el segundo puente en dirección a Santa Clara Ocoyucan, donde Grupo Proyecta tiene sus inversiones.
Explicó que mover el módulo de cobro, para acabar con el caos vial en la zona de Angelópolis, “les va a elevar la plusvalía en miles de millones de pesos, porque implica darles infraestructura de la autopista para que tengan acceso a todo el servicio inmobiliario”.
No actúo fuera de la ley, sigue en pie la expropiación
Alejandro Armenta arguyó que no actúo fuera de la ley, pues está facultado para iniciar un proceso de expropiación en contra de Proyecta.
“Nada de lo que dije está fuera de la ley; es correcto expropiarle y quitarle las tierras; se han enriquecido y beneficiado legítimamente, en términos de su negocio, y no moralmente, porque es inmoral quitarle la tierra por centavos a campesinos y productores, para dárselas a los grupos inmobiliarios”, señaló.
Al final, el gobernador de Puebla insistió que iniciará el procedimiento de expropiación contra Grupo Proyecta, con apego a la ley, ante la negativa de apoyar a las autoridades para la construcción de viviendas populares.
Actualmente en el estado de Puebla hay 14 mil policías en funciones, de los cuales 50 por ciento carece de una casa para vivir.
