El neoliberalismo, que no termina de desparecer en el planeta, es la modalidad actual correspondiente a ese viejo capitalismo surgido en el siglo XV, en la época de la expansión europea por el orbe y adquiere fuerza hegemónica en el mundo a partir de la Revolución Industrial del siglo XIX. Desde ese momento, la búsqueda incesante de la máxima ganancia mediante la explotación de los trabajadores y la hegemonía burguesa. Con ello, se impone el mercado como eje del funcionamiento de la economía, es decir, el proceso económico se rige por las leyes del mercado que permiten la máxima ganancia del capital, sin consideración alguna de las necesidades sociales, que se satisfarán sólo sí se vuelve negocio hacerlo.
Al considerarse al mercado como el único mecanismo capaz de resolver los problemas del equilibrio económico, para el neoliberalismo resulta innecesaria la intervención del Estado en la actividad económica, es decir, la razón económica se impone a la razón social. En consecuencia, desaparecen los bienes y servicios públicos, incluyendo los recursos naturales, mediante su entrega al capital privado y se elimina toda forma de regulación estatal, con lo que el Estado tiende a difuminarse en el proceso de reproducción del capital.
Acompañan al debilitamiento del Estado, la imposición del pensamiento único consistente en decretar la democracia representativa como única forma posible de democracia y se naturaliza la idea de que el capitalismo es la forma más elevada de organización económica y social, por lo tanto, es la última formación social: la Historia llega a su fin, no hay razón para que el régimen político capitalista, en su modalidad neoliberal, se transforme. Como se puede observar, esta modalidad del capitalismo se caracteriza por referirse exclusivamente a la parte económica de la vida social, sin referencia a los problemas del bienestar y la equidad, el empleo o la reducción de la pobreza.
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La modalidad neoliberal, cuyo diseño de instituciones y políticas corre a cargo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tenía, entre otros, el problema que hacer con el Estado, al que era necesario quitarle la rectoría sobre sectores estratégicos como la energía, el petróleo, las telecomunicaciones, la educación, etc. La solución fue entregar esos sectores al sector privado, mediante la creación de organismos llamados “autónomos” (OAs), de manera que esos sectores, tradicionalmente de conducción estatal, fueron delegados al sector privado, el Estado se extingue preservando su aparato represivo, y los OAs se fortalecen, incluso, trascendiendo los sexenios siendo un factor fundamental para fortalecer la hegemonía del capital, de manera que lo que debía ser regulado se desregulaba y se perdía, por ejemplo, la razón social del gasto público.
Para recuperar las funciones correspondientes al Estado, la Cámara de Diputados por 332 votos y 119 en contra, aprobó el jueves 21 de este mes la extinción de siete OAs: La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Reguladora de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Con la trascendente decisión del Congreso, el gobierno mexicano asume nuevamente la rectoría de los sectores estratégicos de la economía y su función de regulador del proceso social de producción, poniendo por delante su propósito nacionalizador para cumplir con su política sustentada en la divisa de: “por el bien de todos, primero los pobres.”
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