Una quinta parte del agua explotada legalmente en México está en manos del 1.1 por ciento de los concesionados. Se trata de los “millonarios del agua”, un grupo de 3 mil 304 usuarios segmentados en mil 537 personas físicas, 801 asociaciones civiles y 966 empresas privadas entre las que figuran Altos Hornos de México, Iberdrola, Grupo Modelo, Constellation Brands, Volkswagen, Lala, Coca Cola y Danone.
A través de concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estas empresas han acaparado el recurso hídrico nacional. Así lo documentaron los académicos Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma, quienes exploraron el Registro Público de derechos del agua, el esfuerzo derivó en la investigación “Los millonarios del agua. Una aproximación al acaparamiento del agua en México”.
Los investigadores identificaron empresas con antecedentes de denuncias comunitarias: Kimberly Clark, asentada en Veracruz, Querétaro y Michoacán ha sido señalada por contaminar ríos y manantiales; Proyectos Hidroeléctricos de Puebla ha afectado a comunidades totonacas cercanas al río Ajajalpan, y Coyote Baja Resort, que es un proyecto inmobiliario tiene concesionado 90 por ciento del acuífero 0325 de La Paz.
Los daños colaterales de la sobreexplotación del agua no son menores. En el caso de Lala, la empresa ha explotado la Comarca Lagunera ubicada entre los límites de Durango y Coahuila para el riego de la alfalfa que alimenta a las vacas, provocando que la gente extraiga agua dañina para su consumo.
“Los grandes volúmenes de agua que utilizan (Lala) para ello ha provocado que para uso doméstico se deba extraer agua de mantos acuíferos profundos con alto contenido en arsénico, ocasionando una gran incidencia de diferentes enfermedades, como cáncer y diabetes entre los habitantes”, apunta la investigación publicada el número 93 de la revista Argumentos de la Universidad Autónoma de Puebla.
Hasta la fecha, los “millonarios del agua” controlan 13 mil 208 hectómetros cúbicos de agua al año, cada hectómetro equivale a mil millones de litros, lo que representa 22.3 por ciento del agua concesionada en el país, esto significa que 1.1 por ciento de los concesionados utiliza más de una quinta parte del agua nacional.
Muchas concesiones permiten operar incluso en acuíferos con déficit y en cuencas a las que, el paso implacable de explotadores, ha comenzado a secar. Los límites van más allá de la privatización del agua y está condicionada por la realidad: “Los millonarios del agua dejarán sin agua a la población, operan en 99 de los 115 acuíferos que pueden ser explotados, alteran su volumen creando déficit”, dijo Gómez.
Es una obviedad decir que la millonaria industria acuífera es una de las más descaradas, pero los investigadores insisten: “Se han provocado sobreconcesionamientos e hidrofundios que no es más que la acumulación de agua en pocas manos, que además la usan para lucrar y no para el bien común”, aseguró Wilfrido Gómez durante el programa “La disputa por el agua”, de La Jornada de Oriente, en el que participaron los investigadores y ambientalistas José Luis Bello y Francisco Castillo Montemayor.
Wilfrido Gómez lo advierte: en México hay 418 mil 134 títulos de concesiones y permisos de descarga de agua, pero si se consideran aquellos para uso de superficie, la cifra aumenta a más de 500 mil.
De acuerdo con el investigador, el volumen concesionado es de 270 mil 424 hm3 al año, exclusivo para uso consuntivo, lo que significa que después de que el agua es extraída de ríos y lagos o bien se consume en su totalidad o parcialmente, pero es imposible reutilizarla porque regresa contaminada a los cuerpos de agua.
Hay 298 mil 292 usuarios dentro de este esquema, de los cuales 6 mil 247 cuentan con permisos de extracción de incluso más de un hm3 al año, esta cantidad bastaría para regar 125 hectáreas de maíz, dar de beber a 25 mil vacas lecheras o proporcionar agua 38 mil personas en un año.
El agua extraída representa 61.4 por ciento de las concesiones de tipo consuntivo, lo que se traduce en 36 mil 314 hm³/año de agua. De esta agua 83.5 por ciento, es decir, más de 22 mil hm³ corresponde a aguas superficiales y 14 mil 305 hm³ a aguas subterráneas.
“Las formas de utilización son: uso-único (100 por ciento del agua para un solo uso), único-otros (50 por ciento o más del volumen para un uso único y 50 por ciento o menos para otros usos) y uso-mixto (menos de 50 por ciento del volumen en distintos usos), siendo la primera forma la más común.
Para el uso-único industrial, los “millonarios del agua” explotan un volumen de agua que representa 13 por ciento del volumen total que les es concesionado al año, mientras que en los usos-único diferentes usos explotan 8 por ciento del volumen total y para uso-único servicios 9 por ciento”, señala la investigación.
Algunas empresas han acaparado cantidades inmensas de agua porque legalmente no existe un límite de volumen a concesionar, pero como si el privilegio no bastara, estas concesiones pueden tener una vigencia de hasta 60 años, el tiempo mínimo es de cinco y en apariencia no mayor a 30 porque pueden renovarse.
La lista de facilidades a estos usuarios se extiende si se considera que las concesiones de uso agrícola-único además de no pagar por la explotación del recurso hídrico, cuentan con una tarifa preferencial de electricidad ante la Comisión Federal de Electricidad.
La desigualdad es evidente en diferentes rincones del país. “El sistema de agua potable y alcantarillado de San Cristóbal de las Casas posee 3.7 hectómetros cúbicos de agua al año para el suministro de más de 200 mil habitantes, mientras que la embotelladora de bebidas Coca Cola explota 1.3 millones de litros de agua a través de su refresco”, aseguró Gómez.
En un intento por clarificar la privatización del agua, la Conagua ha señalado que el volumen concesionado corresponde a 60 por ciento del agua que es factible aprovechar año con año en el país, sin embargo, las condiciones y por ende la carestía no son iguales en todas las regiones.
“No en todas partes de México llueve de la misma manera, hay zonas donde no hay mucha lluvia, donde hay escasez de agua, zonas donde abundan las lluvias, hay zonas con poca precipitación pluvial y es en donde están las grandes cadenas industriales, algunas personas vamos a sufrir de escasez”, señaló Gómez.
A casi treinta años de aquel diciembre de 1992 en que entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales (LAN) bajo el mandato presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el consumo de agua en México es el pasado inmediato, pero también el presente de una relación entre la Conagua y empresas privadas que han venido acaparando este recurso hídrico amparados en concesiones que terminaron por debilitar los mecanismos de control del Estado.
“Esta ley obedeció a políticas impuestas por organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que provocó la neoliberalización del agua que dio mayor certeza jurídica a la inversión privada en materia de derechos de agua, fue un proceso de desposesión de recursos naturales”, puntualizó Gómez.
Mientras tanto, 10 por ciento de la población seguirá dividiendo el agua para cubrir necesidades básicas: cocinar, bañarse, limpiar, al margen del reducido grupo de usuarios privados que pueden disponer de más de una quinta parte del agua.