Durante un buen tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su inconformidad con el financiamiento del gobierno estadounidense, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a diversas organizaciones privadas, como Mexicanos contra la Corrupción, Artículo 19 o México Evalúa, opositoras a su gobierno.
A principios de este mes de mayo, ante el anuncio del gobierno de Biden de elevar el monto asignado a esas y otras organizaciones del mismo corte que operan en México con financiamiento externo, el presidente decidió presentar, por la vía diplomática, una enérgica protesta por tal despropósito lamentando que le estén dando dinero a instituciones que abiertamente están actúan en contra de un gobierno legal, legítimo y democrático, lo cual “es violatorio de nuestra soberanía, es intervencionismo”, dijo el presidente.
Ya en un artículo anterior, habíamos advertido de la dificultad para que prospere la exigencia del gobierno mexicano, pues la USAID es un instrumento privilegiado del Departamento de Estado que, así puede intervenir en cualquier país financiando organizaciones con personal nativo, para difundir los valores, principios y “bondades del capitalismo”, además de encargarse de penetrar, dividir y desestabilizar a los gobiernos no gratos a Washington. Para eso, para hacer el trabajo favorable al imperialismo, es que existen esas organizaciones privadas “amigas de Estados Unidos”.
A las declaraciones del presidente López Obrador, la embajada estadounidense respondió que, en efecto, a través de la USAID el gobierno de Estados Unidos otorga financiamiento a las organizaciones señaladas por el presidente (Emir Olivares Alonso, La Jornada, 18/05/23, p. 4).
La revelación de la embajada, no significa otra cosa, sino que el financiamiento a esas organizaciones: primero, actúan como agencias bajo la tutela y dirección del gobierno de Washington y, en específico del Departamento de Estado, entidad injerencista de larga data; luego; que los resultados de sus “investigaciones”, terminan por ser utilizadas como instrumento para denostar los gobiernos que no les gustan, pero justificadas con que son “objetivas”, es decir, sin visos políticos.
Pero si el Departamento de Estado no desiste de su financiamiento para realizar labores de zapa, que en apariencia no realiza Estados Unidos sino mexicanos, estos mexicanos mucho menos renuncian a esas millonarias subvenciones. Por ejemplo, a la fundación Mexicanos contra la Corrupción que, aunque diga que ya no está en ella, Claudio X, vehemente opositor al presidente López Obrador, la sigue manejando como su patrimonio personal, la USAID le asignó para el periodo 2021–2023 directamente 3 millones de dólares destinados al proyecto Enfoque multidisciplinario para abordar la corrupción y la impunidad en México. El título de este proyecto revela su intención. En un estudio riguroso, la corrupción y la impunidad, que deberían ser la conclusión de la investigación, aquí se dan por hecho y, seguramente, el dichoso estudio sólo se dedicará a justificar el título. En realidad, el trabajo debería titularse ¿Existe la corrupción en México? Y si se prueba su existencia, investigar su magnitud y ubicación, y tratar de encontrar sus determinantes de entre las cuales la impunidad es sólo una de ellas. Pero como se trata, más bien, de un estudio policiaco y prejuicioso y no un estudio para conocer la realidad y como conclusión saber si la corrupción existe, así como su magnitud y en dónde y cómo se expresa la impunidad.
Por su parte, Artículo 21 recibirá para el periodo 2021–2024, directamente 2 millones de dólares para realizar un estudio (Fortalecimiento del acceso a la información y libertad de expresión), cuyo objetivo es “visibilizar los ataques contra los comunicadores”.
Finalmente, México Evalúa, tiene dos proyectos financiados, ambos para el periodo 2021–2024, por la USAID: uno, sobre Estado de derecho (2.3 millones de dólares) y, otro, en prevención del delito y la violencia (750 mil dólares).
Esta forma sutil de injerencia estadounidense en México, sirviéndose de mexicanos para naturalizar la dependencia intelectual, cultural, científica e institucional de nuestro país hacia Estados Unidos, ha sido una preocupación constante del presidente Andrés Manuel López Obrador y para quien dudara del financiamiento millonario reciben esas organizaciones privadas, ahí están los datos proporcionados por la embajada estadounidense, pero también muestran la denodada batalla del presidente López Obrador por librar al país de esos financiamientos espurios e injerencistas.