16 municipios de México se reunieron en Calkiní, Campeche, para compartir sus experiencias de defensa del territorio, aprovechando la nueva política de participación social, impulsada por Semarnat y Conahcyt: acordaron formar una red nacional de comités del ordenamiento ecológico territorial. En este Primer Encuentro Nacional de Comités de Ordenamiento Ecológico Territorial Participativo intervinieron María Elena Álvarez-Buylla, directora de Conahcyt, María Luisa Albores, titular de la Semarnat, Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrados de la BUAP, e Iván Rico, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat.
Que los ordenamientos no se consultan a las comunidades, sino que se construyen con ellas es, seguramente, el lema más contundente de la nueva política de regulación de usos de suelo, iniciada por un grupo de académicos y defensores del territorio, en la serrana ciudad de Cuetzalan, Puebla, a principios del siglo XXI. En el año 2020, una de sus integrantes, María Luisa Albores, se convirtió en titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Un año después nació la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico Participativo (ENOEP) y, en 2024, los integrantes de los comités del OEP decidieron que era tiempo de reunirse para compartir memorias, experiencias y agendas de futuro para una mejor defensa del territorio. De las reflexiones y propuestas del encuentro, surgió la idea de organizarse como una red nacional de comités del ordenamiento ecológico territorial, que también sirva para atajar las peores tendencias que surjan en torno al desarrollo de Tren Maya.
Los usos de suelo no son asuntos menores. Las normas legales efectivas, capaces de determinar qué se puede hacer en los territorios de México, respetando el medio ambiente y las comunidades locales, se denominan ordenamientos ecológicos y han existido, sobre el papel, por más de tres décadas.
La diferencia es que, en este sexenio, el bagaje de lucha previa contra proyectos de alto impacto en la Sierra Nororiental de Puebla (minería, presas hidroeléctricas, fracking o grandes hoteles) se convirtió en estrategia nacional de Semarnat, cuya principal misión es construir una estructura social de sectores y territorios que participe en los órganos de gobierno compartido para la regulación del paisaje de nuestros pueblos y ciudades.
De eso justamente trató el Primer Encuentro Nacional de Comités de Ordenamiento Ecológico Territorial Participativo que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní el viernes 9 de febrero de 2024, organizado por el Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla, con la colaboración activa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
Ahí se reunieron representantes de comités existentes o en proceso de constitución, de los municipios de Santa Cruz Cuautomatitla, de San Felipe Tepatlán, encabezado por su presidente municipal, Antonio Márquez Zaragoza, de Cuetzalan del Progreso, junto a integrantes de comités de Ixtacamaxtitlán, Zautla, Zoquiapan, Tlatlauquitepec, Zihuateutla, todos ellos del estado de Puebla, acompañados por representantes de los comités del ordenamiento ecológico de Calakmul, Dzitbalché y Calkiní en el estado de Campeche, así como de Muna, Maxcanú, Halachó e Ixil, del vecino estado de Yucatán. Todo ellos se dieron cita en esta universidad tecnológica pública de Calkiní, Campeche, para compartir, por primera, vez, sus experiencias de regulación participativa y consciente del uso del territorio.
El evento, inaugurado a las 10:40 horas, por el presidente municipal de Dzitbalché, Roberto Herrera Mos, contó con la presencia en el presídium de otros alcaldes de la región, como Luís Enrique Alvarado, de Calakmul, acompañados por autoridades federales, como el Mtro. Iván Rico, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat, “un cómplice en las luchas por los ordenamientos”, al decir de Aurelio Fernández Fuentes, director del Cupreder y conductor del este primer encuentro de comités.
Otras autoridades acompañaron el evento, entre las cuales Rodolfo Cardoso, director del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, o Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, quien afirmó que el Cupreder es “un ejemplo de investigación abierta y comprometida”. Su director, Aurelio Fernández Fuentes, sintetizó, en un discurso, crítico y matizado, los retos pendientes que deja este sexenio, destacando que la congruencia entre los programas de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos sigue pendiente en México por la oposición de los intereses inmobiliarios, representados por funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Otro punto que destacó Fernández es que los comités de ordenamiento no sustituyen a la autoridad municipal porque, en realidad, son aliados del proceso, excepto cuando los alcaldes tienen lo que antes se denominaba “intereses inconfesables”.
Los comités toman la palabra
Alicia Juárez Pascual Diego Peralta y Maribel Díaz, integrantes de los órganos de dirección del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan del Progreso (COTIC), forman la segunda generación de guardianes del territorio y son un ejemplo de continuidad en la lucha y organización que empezó en 2009.
La tarde del 9 de febrero, en el Auditorio Javier García González, ellos presentaron los avances en la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Cuetzalan del Progreso, el camino ideal de dictaminar los usos de suelo en la región y las propias tribulaciones del proceso. “Los territorios de donde venimos están en pugna: la forma occidental de pensar, cristalizada en desarrollo, y la forma de los pueblos originarios, del buen vivir, pero el ordenamiento, desde 2010, ha fortalecido la cultura y la organización social”, recordó Diego Peralta.
Pero todo ello depende de una herramienta que sirva, recuerda Alicia. En consecuencia, el dictamen de compatibilidad con el ordenamiento ecológico debe exigirse para toda modificación de usos de suelo porque es el filtro principal, vinculante, de todo programa de ordenamiento. Es eso o nada.
El escudo que brinda y protege el territorio es el objetivo común de todo comité del ordenamiento ecológico, protegiendo tanto los bienes comunes del agua y la tierra, como ese patrimonio biocultural que es la lengua, pero representa mucho más cosas.
Algo que expuso Iván Rico en su intervención inaugural. Desde que el nuevo equipo de María Luisa Albores llegó a Semarnat, se cambió la inamovible perspectiva del capital natural que por 30 años fue doctrina oficial en la secretaría y en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio): considerar los bosques, el agua o la milpa como un insumo económico al servicio de empresas y corporaciones, en flagrante contradicción con el concepto biocultural del territorio, según el cual no estamos para servirnos de la naturaleza, sino para vivir con ella, dejando de lado lo redituable para unos pocos en favor del equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible de todos.
Esa distinta perspectiva la expuso, en un mensaje grabado, la propia María Luisa Albores, durante la inauguración del evento. Antes de 2020, afirmó la secretaria de Medio Ambiente, apenas se elaboraron 133 programas de ordenamiento ecológico, hechas por consultoras privadas y sin participación real.
Desde su llegada, se han expedido 23 ordenamientos, mientras 133 están en trámite de elaboración, 22 nuevas solicitudes han llegado en los últimos meses y 54 ejidos vecinos del Tren Maya han formulado sus propuestas de ordenamiento comunitario, rompiendo con “las viejas prácticas de simular en papel” y otorgando un papel rector a los guardianes del territorio, esos hombres y mujeres de los comités que “vigilan y guardan los recursos de la vida”.
Así lo refrendó María Elena Álvarez-Buylla, directora de Conahcyt, en videoconferencia, a las 13:05 horas, al relatar su colaboración con Cupreder en la Región Puuc para proteger la fortaleza comunitaria frente a los avances del capital. Como bien señaló la titular de Conahcyt, se trata de evitar el desorden, pero, sobre todo, de frenar el despojo.
Y este encuentro de Calkiní, recalcó Álvarez-Buylla, se ancla en un largo caminar que “con el liderazgo de Cupreder dará cuenta de por donde seguir caminando tras los cimientos que puso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
Los ordenamientos ecológicos participativos son una obra en construcción que depende, al fin, de la gente concreta. Al decir de Alejandra López, investigadora del mismo centro, personas y organizaciones deben encontrar qué es lo que los motiva para defender el territorio y así saber para dónde y cómo caminar en este diálogo de saberes que construye regulaciones de suelo justas y favorables para las comunidades de México.
De esas rutas de futuro platicaron, en mesas locales, los guardianes del territorio la tarde del 9 de febrero en las amplias instalaciones del Instituto Tecnológico de Calkiní. Y de eso hablará esa nota que también está en construcción.
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